Por Francisco Escandón Guevara
La reunión que sostuvo el presidente Noboa con el principal de la organización paramilitar Blackwater, Erik Prince, dio lugar a una cuestionable alianza estratégica que es justificada en nombre de la guerra.
Días atrás, bajo la presión del gobierno, la Asamblea Nacional aprobó una resolución, con apoyo de correístas, oficialistas, socialcristianos y otros, para que Daniel Noboa establezca acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad. Con ese espaldarazo, el presidente de cartón no dudó en contratar a esta prestadora privada, del servicio de seguridad, que está acusada de crímenes de lesa humanidad, tráfico ilegal de armas, asesinatos de civiles, etc.
Aún es difusa la acción que desarrollará Blackwater, ahora conocida como Academi; pero, además de una inicial consultoría, no se descarta su papel en la capacitación a las milicias estatales, en la dirección de las tareas de inteligencia e incluso ser parte de las fuerzas operativas con su legión de mercenarios.
Ante la cercanía de las elecciones, pareciera que Noboa intenta espectacularizar el debate sobre la seguridad ciudadana; y, aunque esto le signifique reconocer, implícitamente, que las capacidades estatales están superadas por las de la mafia o que el plan Fénix es un fracaso; pero, a cambio, logra legitimar socialmente la necesidad de un Rambo perteneciente al ejército aliado de Blackwater.
Pero, el asunto va más allá de la calentura electoral, las apariciones de estas Corporaciones Militares Privadas son propias del modelo neoliberal. Junto a la liberación de la economía y la privatización de los servicios públicos, la seguridad también se mercantilizó; se creó una incestuosa relación de oferta y demanda: la gente busca protección, el Estado es incapaz de brindarla y las empresas paramilitares son las encargadas de cubrir el requerimiento.
La privatización de la seguridad es un negocio rentable, mueve miles de millones de dólares, es parte del negocio de la guerra; pero supone además la privatización del uso de la violencia que, hasta ahora, era un monopolio del Estado. Sin regulación que controle las actividades de las Corporaciones Militares Privadas, la impunidad hará su fiesta.
La urgencia por recuperar la seguridad ciudadana reclama, poner al centro, el respeto a la soberanía. Sea con mafias o con mercenarios el Ecuador no tendrá paz social; el problema es estructural y las soluciones no pueden, ni deben, ser sólo represivas.