Redacción Opción
La Unión Nacional d Educadores, la Federación de Barrios de Quito y el Frente Popular del Ecuador y otras organizaciones sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, publicada en el sexto Suplemento del Registro Oficial No. 229 del 23 de febrero de 2026.
Esta ley castiga a la gente y no a la corrupción, señaló Quishpe, el argumento del gobierno que con esta ley frenará el despilfarro y corrupción que muestran algunos municipios es más un pretexto que una realidad. Cuestionó al gobierno de Noboa por su pobre desempeño en la ejecución de obras y sus ineficiencias en atender y garantizar medicinas o programas sociales, y ahora exija a municipios y prefecturas hacerlo, mientras los asfixia financieramente. “Aunque existen despilfarros y casos de corrupción en algunos municipios, la respuesta de la Asamblea y del Ejecutivo fue una norma punitiva cuyo impacto real recaerá sobre los sectores más vulnerables. Alertó que la eliminación de partidas presupuestarias destinadas a proyectos sociales y capacitación pone en riesgo programas como “60 y piquito” para adultos mayores, los centros de desarrollo infantil y la educación inicial, incluyendo el pago a docentes. Según dijo, la ley amenaza directamente la prevención de violencias, el apoyo a la niñez y a las familias pobres, porque al suprimir financiamiento social se trasladan “los platos rotos” a la ciudadanía y no a quienes cometieron irregularidades.
Recortar mil millones para el pago de deuda externa.
Andrés Quishpe, señaló que lo si será efectivo es que esta Ley “abre el camino para recortar mil millones de dólares que adeuda el gobierno a los GAD y destinarlos al pago de la deuda externa”. Y advirtió que las reformas al COOTAD no prohíben excesos ni prácticas cuestionables, pero sí crean el mecanismo para esa millonaria reducción. “el recorte no irá a obras ni infraestructura, sino al pago de deuda externa” y añade “que los recursos que se recortan pertenecen a la gente, al pueblo que paga impuestos, tasas y rentas petroleras que pertenecen al pueblo. Las reformas ponen en riesgo programas sociales para niños, adultos mayores, mujeres y familias en contextos de violencia.
Las organizaciones sociales cuestionan en su demanda el tratamiento como ley urgente, pues no tiene unidad de materia. “La ley impugnada se presenta como una reforma para la “sostenibilidad y eficiencia del gasto”. Sin embargo, su contenido demuestra que no estamos ante una simple regulación presupuestaria, sino frente a una reconfiguración estructural del régimen financiero de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. pese a que no existe una emergencia real que justifique el trámite urgente; la ley no regula una sola materia, contiene al menos cuatro bloques normativos distintos: “Condicionamiento del monto de transferencias, Rediseño obligatorio de la estructura presupuestaria interna. Sistema de control, seguimiento y verificación por el ente rector de finanzas. Régimen de consecuencias por incumplimiento con incidencia constitucional”.
“La Ley golpea la autonomía y castiga a los GAD sino obedecen al Ejecutivo”. sostuvo Vladimir Andocilla, abogado patrocinador de la UNE. Las reformas al COOTAD impone mecanismos coercitivos que permitirían disminuir presupuestos a municipios y prefecturas que no cumplan los estándares fijados desde el Ministerio de Finanzas. Se trata de un cambio estructural en la relación entre el Gobierno central y los gobiernos seccionales, por lo que es También inconstitucional y añadió que la inversión no es solo cemento e infraestructura, es también talento humano: sin personal no funcionan programas como “Sesenta y Piquito”, las Casas Somos, la educación municipal, ni las iniciativas de prevención del suicidio y la violencia intrafamiliar, esta. Ley afecta la descentralización y termina impactando directamente en los derechos de los ciudadanos, sin personal no hay atención a personas con discapacidad, ni protección a niños y adolescentes, ni apoyo a mujeres violentadas o adultos mayores. Finalizó señalando que, frente a la violencia y el crimen organizado, la respuesta no puede ser solo coercitiva, sino fortalecer el tejido social que respalde a desempleados, madres afectadas y familias golpeadas por la violencia, como única vía para sostener derechos y estabilidad social.
La Ley Gad violenta los derechos de adquiridos por la gente. En la demanda se advierte que se estaría violando el principio de no regresividad de derechos “La ley impugnada afecta de manera directa el financiamiento territorial destinado a la provisión de servicios públicos y al ejercicio de competencias vinculadas con derechos sociales”. Además, señala la demanda que la “Asamblea Nacional al momento de construir la Ley y el colegislador no acreditaron la existencia de una crisis fiscal que hiciera indispensable la medida; ni la inexistencia de alternativas menos restrictivas; peor aún la evaluación de impacto en la provisión de servicios públicos locales; no se diga la protección prioritaria de grupos en situación de vulnerabilidad”
Sin más argumentos la Asamblea cambio en el Clasificador presupuestario los grupos 71 y 78. Al transformar estas dos partidas en gasto corriente, se pone en riesgo el personal que garantiza el funcionamiento de los servicios que buscan “las capacidades sociales” como son Centros Infantiles, programas para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y adolescentes, personas en movilidad humana, entre otros.
La UNE y las organzaciones sociales solicitaron se priorice este caso por tratarse de un caso cuyo impacto involucra los derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como por el impacto en la democracia y en la transferencia de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados.