Por Cristina Cachaguay*

Las mujeres a lo largo de la historia hemos enfrentado una pandemia constante que se llama violencia de género, la amenaza o el miedo a la violencia han sido utilizados para excluirnos de los espacios públicos. Antes y durante la pandemia del COVID-19 seguimos socialmente discriminadas, abusadas violentadas, el patriarcado, la forma que adopta en la esfera privada o familiar, sigue costando la vida mujeres.

Es una violencia estructural, una característica del capitalismo y el patriarcado; sin embargo, la idea general sobre la violencia hacia las mujeres es que se trata de una situación extrema o localizada, que involucra a personas individuales. Pero la realidad es que ella nos toca a todas, pues todas ya tuvimos miedo, cambiamos nuestro comportamiento, limitamos nuestras opciones por la amenaza de la violencia.

En este momento donde el mundo atraviesa una situación nunca antes vivida, la violencia contra las mujeres se recrudece en la esfera privada, en casa la violencia doméstica, sea física, psicológica, o abuso sexual hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes aumenta silenciosamente.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta febrero del presente año en nuestro país, 65 de cada 100 mujeres, o 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna forma de violencia de género, de ese porcentaje el 56,9 por ciento soportaron violencia psicológica, el 35,4 por ciento ha sido objeto de violencia física, otro 32,7 por ciento ha vivido episodios de violencia sexual y el 16 por ciento la violencia patrimonial.

El COE Nacional en su informe del 13 de abril dio a conocer que el Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 ha recibido 6.819 llamadas por alerta de violencia de género durante toda la emergencia de COVID-19.

Es decir que se recibe aproximadamente 235 alertas diarias de mujeres víctimas de algún tipo de violencia, el 55% de estas, se encuentran concentradas en Quito y Guayaquil.

Así como los datos de la violencia crecen en cuarentena, la lista de feminicidios también incrementa. Nuevas y tristes historias se han conocido. Así, el 27 de marzo del presente año es asesinada a golpes Paula Salazar, con apenas 4 años de edad, quien presentaba en su cuerpo huella del maltrato infantil que recibió por parte de su padrastro.

El tres de abril, Jaqueline, de 19 años, se encontraba en las instalaciones de AEROPOLICIAL de la Santo Domingo de los Colorados,  para ella era un lugar seguro pues tenía en su conciencia que la policía nacional cuidaba la integridad de las personas, pero fueron dos miembros de esta institución quienes la abusaron sexualmente.

El siete de abril Brigith Tituaña, de 22 años de la provincia de Pichincha, es otra víctima. El rostro que vio en su último respiro fue el de su esposo antes de asfixiarla, el femenicida, posteriormente lanzó el cuerpo a un rio cercano, dejando a sus hijos en orfandad.

En Manta, los familiares de Katty Briones, de 24 años, lloraban no porque dio positivo al virus, sino porque dejo de existir, la encontraron sin vida, ahora su familia exige a las autoridades que investiguen a su ex conviviente.

Son apenas cuatro relatos de feminicidios que se han producido en el Ecuador durante el confinamiento por la pandemia, de seguro existen otros más que son desconocidos, esta alarma no se enciende solo por cuarentena, ha estado sonando fuerte en estos ultimo años y no ha parado.

Sin embargo, el Estado hace poco y es responsable de que esto continúe. Tanto el gobierno anterior como el actual han cerrado los ojos frente a esta realidad, no han escuchado y han hecho caso omiso al pedido del movimiento de mujeres y feministas de garantizar una vida de libre de violencia para las mujeres como un derecho; al contrario, este año se redujo el presupuesto contemplado en la “Ley orgánica para prevenir y erradicar de la violencia contra la mujer” en un 84%, es decir de un monto de USD 5´408.516 y ahora es USD 876. 862.

En la situación actual de asilamiento obligatorio y convivencia prolongada en un mismo lugar exacerba la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes los cuales están en riesgo pues ven imposibilitadas sus vías de escape y auxilio.

Algunas casas no son lugares seguros para pasar la cuarentena, el Estado debe atender esta emergencia y entregar el presupuesto para la prevención de la violencia de género, habilitar una línea exclusiva para atención a victimas de violencia donde exista un equipo interdisciplinario para acompañamiento de las víctimas, establecer casas o refugios de acogida donde las victima puedan acudir y garantizar la alimentación y medicinas.

*Presidenta de Mujeres por el Cambio Ecuador

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