Por Isabel Vargas Torres
Cuando una persona tiene insuficiencia renal, la suspensión de la diálisis tiene como consecuencia que los riñones dejarán de funcionar, provocando una uremia y, por ende, aumenta la inminencia del peligro de muerte.
Alrededor de 17.000 personas que necesitan realizarse la diálisis en Ecuador, han enfrentado desafíos significativos debido a la falta de atención debido a que el gobierno no paga a las dializadoras privadas los $140 millones que les adeuda.
Luego del anuncio de suspender la atención a los enfermos renales, el Ministerio de Salud Pública aplicará un acuerdo de pagos, mientras que el IESS se comprometió a pagar $6,1 millones. Sin embargo, estas promesas aun no se cumplen por lo que los problemas aún persisten, ya que en los centros de diálisis no tienen los insumos para realizar este tratamiento y envían a los pacientes a adquirirlos estos cuestan entre 60 a 80 por cada sesión de diálisis. Es decir, se sigue atentando contra el derecho a la vida y se deja a los enfermos catastróficos a su suerte.
Mientras los pacientes exigen atención oportuna y una madre, en la desesperación, se arrodilla ante una autoridad para que su hija no muera, el presidente de la república apenas ha ejecutado el 15,26% de los $3.539,20 millones asignados para salud del año fiscal 2024 y absurdamente despilfarra el dinero en su campaña preelectoral, llenando de carteles con su imagen el puente de la unidad nacional. Se somete a los acuerdos del FMI, pagando puntualmente la deuda externa y beneficiando a los tenedores de los papeles soberanos, quienes cada vez se hacen más millonarios, mientras el pueblo no tiene medicinas y cada vez el cinturón de la pobreza extrema es más grande.