Por Jaime Chuchuca Serrano
Los datos sirven para dar una lectura de la realidad social, conservarla o cambiarla. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), así como el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), vienen atravesando por un profundo desmantelamiento. En mayo de 2019 el INEC se convirtió en una dependencia de la Presidencia de la República y desde entonces la investigación y transmisión de los datos se ha estancado constantemente, al punto de no tener noticias precisas en educación, empleo, economía y otros campos vitales para las políticas públicas. A la vuelta de cuatro años se ha pasado de maquillar los datos para decir que la mesa está servida, a ocultarlos para impedir que la población proteste. Esconder la información se ha hecho recurrente en este gobierno como en el caso de la vacunación VIP, la deuda pública, los ingresos, egresos y otras formas de contratación.
A pesar de la poca información económica que circula en el gobierno, se conoce que en 2020 y 2021, aproximadamente el 70% de las mujeres y el 60% de los hombres tienen un empleo precario. Apenas 3 personas de cada 10 tienen estabilidad laboral. Aunque se dice que hay 2,44 millones de desempleados, Ecuador tiene 9,2 millones de pobres, lo que significa que a estas personas sus labores les representan menos de 84 dólares al mes. Un estimado de 5,3 millones de mujeres están en la informalidad o fuera del sistema laboral. Únicamente 1 mujer de cada 10 y 3 hombres de cada 10 pueden trabajar en condiciones legales, adecuadas y formales. Los ingresos medios de la población llegan a 262,6 USD mensuales (La Hora, 2021). La situación económica de los ecuatorianos/as es desesperante, algunos han comparado esta crisis del período de Moreno con el Mahuad. Sin embargo, el gobierno y la Asamblea debaten nuevas formas de contratación con flexibilización laboral.
Una de las últimas perlas del gobierno de Moreno es impulsar el proyecto de Ley Orgánica que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización; un mandato del FMI que está en contra de los artículos 441 y 442 de la Constitución. Con las reformas monetarias y del Banco Central del Ecuador se busca limitar las posibilidades de liquidez fiscal y presionar para un mayor endeudamiento público. Este proyecto intenta que la Junta de Política y Regulación Financiera sea conformada por miembros del sistema financiero privado, de seguros y valores, elegidos por la Asamblea Nacional, aunque la Constitución lo prohíba (Dávalos, 2021).
Los planes de gobierno de los 16 postulantes para la primera vuelta y de los finalistas para la segunda vuelta (con denuncias de fraude de por medio) padecen de grandes vacíos para resolver los problemas acuciantes de la economía y el trabajo de la población ecuatoriana.
Bibliografía
Dávalos, P. (07 de Marzo de 2021). Análisis del proyecto de ley de «Defensa de la dolarización». Obtenido de pablo-davalos.blogspot.com: https://pablo-davalos.blogspot.com/2021/03/analisis-del-proyecto-de-ley-de-defensa_7.html?fbclid=IwAR2JlbTEP29DUvNng-aM9x3vFb0-mv53p9EANXK47mcGBRfY7y9V-Ea54Zs
La Hora. (10 de Marzo de 2021). Por cada hombre hay dos mujeres sin empleo adecuado, en Ecuador. Obtenido de www.lahora.com.ec: https://www.lahora.com.ec/por-cada-hombre-hay-dos-mujeres-sin-empleo-adecuado-en-ecuador/