Por David Rosero
Indignación ha causado en la mayoría del pueblo ecuatoriano el opaco proceso de vacunación del gobierno nacional; múltiples denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre anomalías, compadrazgos y palancocracia en el proceso liderado por el Ministerio de Salud.
El plan nacional de vacunación no ha sido transparentado, se desconoce los criterios técnicos utilizados en esta fase de aplicación de las ocho mil dosis anunciadas con bombos y platillos por el alicaído gobierno nacional.
De acuerdo a expertos nuestro país requiere al menos veinte millones de vacunas para ser aplicadas en dos dosis a alrededor de diez millones de ecuatorianos (lo que corresponde cerca del 60% del total de la población a ser inmunizada), por tanto estamos lejos de la meta señalada, más aún si en el camino se presentan varias irregulares.
El Consejo de Participación Ciudadana realizará una convocatoria nacional para la acreditación de una veeduría para vigilar y fiscalizar el proceso de adquisición, distribución y priorización de la vacunación al personal médico que ha estado en primera línea de acción frente al COVID-19.
Es urgente también escuchar el clamor ciudadano que exige la destitución inmediata del tristemente célebre Ministro de Salud, no solo por su mal manejo de la crisis sanitaria, sino también por el presunto tráfico de influencias al confirmar por sus propias expresiones en un medio de comunicación que sus familiares estuvieron en el centro gerontológico que recibió las vacunas. Como dirían los abogados: ¨a confesión de parte, relevo de prueba.¨
Del reparto de hospitales pasamos al reparto de vacunas por parte de autoridades indolentes e inescrupulosas cuya línea de comportamiento representa dos caras de la misma moneda, los de antes y los de hoy, el continuismo de catorce años de corrupción.