Por Francisco Escandón Guevara
La promulgación de la Carta Universal de los Derechos Humanos, en 1948, fue un acto trascendentemente político, un producto histórico y social, de respuesta a la barbarie del nazismo hitleriano.
Esa secularización de las libertades humanas dio origen al reconocimiento de los derechos de primera, segunda y tercera generación (derechos civiles y políticos, socioeconómicos y colectivos). Incluso en la actualidad se teoriza sobre el registro de una nueva generación que extrapolen los existentes hacia el escenario de las redes sociales y el ciberespacio; es decir, pasar de los derechos offline a los de tipo online.
Sin embargo, la tendencia mundial de garantizar y ampliar los derechos humanos está amenazada por varias restricciones impulsadas desde los gobiernos y las corporaciones privadas. A nombre de precautelar la seguridad estatal, las élites declaran que existen excesos o usos indebidos y, a través de un conjunto de normativas, amenazan las libertades.
Precisamente durante el desarrollo de la pandemia la coacción estatal y la proscripción de derechos se continúan imponiendo en las sociedades. Los instrumentos de estado de excepción y toques de queda se han extendido sin brindar asistencia básica a la población, comida y medicinas, para que se quede en casa.
Pero hay otros derechos vulnerados en el Ecuador como los despidos de trabajadores, la reducción de salarios y de presupuesto para el área social, la carencia de conectividad y de dispositivos electrónicos para sostener la educación, el retraso en la entrega de recursos económicos a los gobiernos locales que compromete la cobertura de servicios básicos, la aprobación de facultades para que el ejército pueda usar armas letales durante las manifestaciones, etc., que precarizan la vida del pueblo.
Las élites anti-derechos aprovecharon del distanciamiento social para proscribir libertades, censuraron a los críticos para profundizar la corrupción, pretextaron falta de plata mientras pagaban anticipadamente a los chulqueros y usaron el miedo al contagio para imponer el neoliberalismo. Está claro a qué intereses sirven.
La solución rebasa los límites de la neutralidad y de la manipulación discursiva, exige un retorno a la ontología política de los derechos humanos para exigirlos, defenderlos, innovarlos y practicarlos con urgencia. Hacia allá debe apuntar el pueblo.