Por Ramiro Vinueza P.
En horas de la madrugada fueron allanadas las viviendas de militantes del Movimiento Guevarista, en un operativo múltiple realizado en cinco provincias del país, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi, Portoviejo y Pichincha, según la fiscalía son ocho personas las detenidas.
Ernesto Flores, dirigente del Movimiento Guevarista, fue detenido a las 6 am, pero recién a las 8:30 apareció con los policías en la Unidad de Flagrancia Quito (Av. Patria y 9 de octubre). Los demás dirigentes detenidos son Omar Campoverde, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, Alexis Moscoso, Jeanneth Yacelga y Cristian Caiza, según señalaron los voceros del movimiento, aunque la fundación INREDH estima que sería 15 los detenidos.
Uno de los afectados relató que durante el allanamiento, “los agentes policiales no se identificaron y no se exhibió la orden judicial correspondiente, únicamente se le indicó que se trata de una investigación por asociación ilícita y terrorismo.
Otros allanamientos realizados por la por policía se efectuaron en la casa de Nelly Yacelga, dirigente del Movimiento y la casa de los esposos Omar Campoverde y Gabriela Gallardo. “La Fiscalía no ha proporcionado ninguna información al respecto, simplemente dicen que es trata de blancas, pero no justifican. Parece más una posición para descabezar los movimientos sociales”, señalo a Radio La Calle el abogado Patricio Almeida.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, denunció que la detención es arbitraria e irrespeta los derechos fundamentales. “Evidenciamos el uso indiscriminado de la figura de terrorismo para perseguir, hostigar y criminalizar a personas activistas”. Exigen además que fiscalía entregue de manera inmediata información clara y precisa sobre el móvil de estos allanamientos y detenciones y urgieron a la Defensoría del Pueblo para que haga acto de presencia en Fiscalía por presuntas irregularidades y vigile se cumpla el debido proceso, pues la policía ha impedido que Ernesto firme el poder que legitima la defensa de sus abogados de INREDH.
Según la orden de allanamiento de la Unidad Judicial Penal, se sugiere que Ernesto forma parte de un grupo delictivo estructural, y se le acusa de asociación ilícita.
En realidad, para ios voceros del Movimiento, se trata de una persecución política del gobierno en contra de la organización, pues «han pinchado nuestros teléfonos y hasta han impedido la publicación de nuestro semanario. Nuestra lucha siempre ha sido transparente, visible y en muchas ocasiones mediática, razón por la cual no aceptamos la manera en la que se ha llevado a cabo la detención de nuestros compañeros, ya que no se ha seguido el debido proceso” por lo que responsabilizaron a la Justicia ecuatoriana y a la Policía Nacional de cualquier daño, lesión o afección a la salud e integridad de nuestros compañeros.
Una de las voceras que participó en el plantón por la libertad de los dirigentes detenidos en la unidad de flagrancia, señaló que están detenciones se asemejan a las realizadas contra los 10 de Luluncoto, en la época del correísmo.
Efectivamente, hace 10 años el correísmo para evitar a movilización social, apresó y acusó por terrorismo a 10 jóvenes estudiantes y profesionales, que se reunieron en el barrio de Luluncoto, allanaron ilegalmente un departamento, entraron sin orden judicial, los mantuvieron incomunicados por muchas horas y sin más los acusaron de terrorismo y de pretender desestabilizar la democracia. Nada pudieron demostrar, pero lo que si quedó claro que todo gobierno que esta al servicio de las oligarquías usan como recurso para detener el descontento y la movilización popular la criminalización de la protesta social.
como lo hemos siempre, desde este medio nos solidarizamos con los luchadores sociales y demandamos su inmediata libertad.