Por Ab. Juan Pablo Sansur Ode.
No cesa, no se detiene la persecución política por parte del gobierno nacional, más bien se está exacerbando, ahora el turno le tocó a la ex candidata presidencial Luisa González por el caso llamado “Laberinto” que investiga presuntas irregularidades sobre todo en el financiamiento de la campaña presidencial del 2023 y un posible delito de lavado de activos. Hay que recordar que El Caso Caja Chica desembocó en la proscripción política de la RC, a dentelladas, sin pruebas, sin un debido proceso, solamente por una denuncia anónima al Ecu 911 y por un testimonio de un ex asambleísta correísta que fue acusado por violación, me refiero a Santiago Díaz Asque. Esto imposibilitó que participe la RC.
Luiza Gonzales ha sido prácticamente secuestrada por un proceso ya juzgado, los fondos de campaña del 2023 ya fueron justificados por la RC, el TCE impuso una multa económica que ya fue cancelada por parte del binomio presidencial, el gobierno cae en la desesperación en picada y va a caer aún más su escuálida popularidad que apenas bordea el 21%.
No defendemos al correísmo, defendemos principios, valores y libertades las cuales están siendo conculcadas por parte de un gobierno dictatorial y atrabiliario.
En expresiones del jurista Luis Ávila Linzán, se pudren los pocos despojos de la democracia, hoy es Luisa González, mañana será Pabel, pasado mañana cualquiera que piense y actúe distinto, ¿seguiremos creyendo que la cuestión es electoral? Si esto no nos moviliza el futuro está perdido, desobediencia civil ¡ya!
Resulta preponderante también abordar el capítulo denominado “vacunas”, el denunciólogo oficial de este régimen se llama Juan Esteban Guarderas ex concejero del CPCCS destituido a través de un juicio político, adicionalmente hay que decir lo siguiente: este operador político del gobierno nacional se ha caracterizado por la instrumentalización de denuncias en contra de Verónica Abad, Marcela Aguiñaga, Guillermo Churuchumbi, Aquiles Álvarez, Pabel Muñoz, Juan Cristóbal Lloret, además de Cristian Zamora.
Ahora se acusa que, supuestamente se habrían dado vacunas en el municipio capitalino, es decir, se habría pedido plata por un monto de 960.000 dólares, Guarderas lo que tendría que haber hecho es presentar la denuncia en la fiscalía y una vez que se presentó la denuncia esta adquiere el carácter de reservada porque está en fase de investigación previa, sino se estaría cayendo en un delito penal tipificado en el COIP que es la difusión de circulación de carácter restringido.
No hay elementos de convicción, no hay indicios, ni pruebas, no se ha demostrado la supuesta existencia de la infracción penal o de la infracción electoral y por lo tanto no hay una responsabilidad de Muñoz como alcalde, lo que pretenden con el alcalde Muñoz es lo siguiente: una vez que gane las elecciones inhabilitarlo políticamente por una supuesta infracción electoral instrumentalizando al Tribunal Contenciosos Electoral para que no sea posesionado.
De lo que se conoce Muñoz tiene el 25% de intención de voto para ganar las elecciones, le siguen los candidatos del gobierno: Jorge Yunda con un 12% y Wilson Merino con un 10%, la desesperación del gobierno nacional es tal que lo quieren es sacarle de la cancha electoral a toda costa. No contento el gobierno con toda esta inmisericorde persecución ahora allanan el Municipio de Quito en el marco de una investigación por presunto peculado.
El Lawfare es una amenaza que recorre América Latina: la utilización de la justicia como arma política para intentar proscribir, neutralizar o destruir a líderes populares, hay que subrayar que los allanamientos de la Fiscalía en las oficinas del Municipio de Quito se dan bajo la figura de un presunto peculado, lo que buscan es recabar elementos sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en el 2024 por un monto superior a los 4 millones. Los contratos adjudicados por parte del municipio se lo hicieron mediante el sistema oficial de contratación pública a través de procesos que fueron calificados como abiertos, públicos y verificables para la ciudadanía.
Cuanta celeridad para la persecución, pero eso si en los casos de corrupción que se han demostrado en contra del gobierno quedan en la impunidad y la sinvergüencería, ahí sí, no hay fiscalía, ni contraloría.