Por Edgar Isch L.*
La consulta popular realizada este 21 de abril en Ecuador, ha sido un recurso al que han recurrido los últimos gobiernos reaccionarios. A pesar de que se podría pensar que es un instrumento democrático, la forma en que la derecha las impulsa es lo contrario: no parten de una demanda popular por las preguntas; el engaño a través de las mismas es la característica básica; no se realizan a favor de las mayorías, sino de los pocos que ostentan la riqueza y el poder; en oposición a principios constitucionales, pretenden regresión en los derechos populares; la campaña, incluyendo la de los grandes medios de comunicación, es totalmente desequilibrada insistiendo que la derecha tiene razón; están plagadas de preguntas que se suponen comentadas y de amplia aceptación, para ocultar las que realmente importan y se refieren a las ganancias de los grandes empresarios; tampoco tratan del fortalecimiento de la soberanía como país independiente, sino de la ampliación de las cadenas imperialistas.
De esta manera, una vez más la derecha pervierte la democracia. La convierte en un circo, en un manipulado concurso de palabras y hasta en sangrienta represión, según sus propios intereses. La palabra “pueblo” solo es un adorno como lo han sido siempre los llamados a los esclavos a defender a su amo. La democracia, igual que cuando nos hablan de su nacimiento en Grecia, solo es para pocos.
Así es como se presentó la consulta convocada por el presidente Noboa, que incluía preguntas de referéndum para enmendar la Constitución y otras de consulta popular para cambiar leyes. Lo hizo en un contexto de mayor presencia de la internacional de reaccionarios, pretendiendo aprovechar la angustia que viene de la violencia criminal gracias a la que decretó una “guerra interna” que incluye a quienes defienden sus territorios de las transnacionales extractivistas, y la planteó como una suerte de respaldo a su reelección, verdadero interés para concentrar en un grupo económico y monopolista el poder a más largo plazo.
La consulta no es sobre la orientación del Estado, sobre el neoliberalismo y sus efectos, las políticas económicas y la crisis energética, no sobre la vergonzosa política internacional que incluye la ausencia de crítica al genocidio en Gaza o el desprecio por parte de la legislación internacional, que se observó en el ataque a la embajada de México. Sobre temas como esos, sencillamente no se autoriza opinar a los de abajo.
Las preguntas, en síntesis
Se puede agrupar las preguntas presentadas en tres grupos: las que no se necesitaba porque hay leyes que ya cumplen lo consultado; las que podrían no consultarse porque ya hay leyes en ese sentido que se debaten en la Asamblea; y las que son de mayor importancia por cambiar la Constitución para ampliar las ganancias empresariales y poner al país a los pies de los arbitrajes internacionales.
Entre las primeras están parte de las preguntas más difundidas a las que se supone se debe apoyar para acabar con el narcotráfico y su ingreso en todas las instituciones del Estado. Hacemos referencia a la pregunta para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan, junto a la Policía, en la seguridad interna, cosa que ya lo vienen haciendo sin que se debata sobre la doctrina del “enemigo interno” y de los riesgos de militarizar a la seguridad, visión además muy peligrosa para poblaciones empobrecidas y limitadas para encontrar soluciones. Igual es la pregunta para el control de armas, lo cual ya ejecutan legalmente las Fuerzas Armadas.
Entre las segundas están las preguntas que corresponden al llamado “populismo penal” que pretende una mayor vindicta pública, aunque no haya evidencias que ello reduzca la delincuencia y sus efectos: se plantea incrementar penas, establecer sentencias sin rebaja de penas, imposibilitando la rehabilitación que tampoco existe, o entregar a las fuerzas del orden las armas capturadas a la delincuencia. También se plantea una enmienda constitucional para permitir la extradición de ciertos condenados, lo que falsamente se plantea como expulsar del país a todos los delincuentes. Vale recordar que en estos temas Noboa se suma a la línea de Bukele, anuncia cárceles similares a las salvadoreñas y se presenta como en guerra contra el crimen.
A esos temas, en la consulta se suma una referida a debates parlamentarios en curso para la extinción del dominio sobre sus propiedades a los acusados por terrorismo y corrupción, así como otra sobre una resolución de la Corte Constitucional y permitirse reformar las garantías constitucionales para impedir su abuso (en realidad, un mal uso), frenando indignantes órdenes de libertad para criminales de peso económico o político. Estas dos, siendo temas importantes, hay que entenderlas en el marco del populismo penal, de las pugnas entre pandillas al más alto nivel y de riesgo de mal uso.
En todo caso, las preguntas anteriores se presentaron principalmente como si fueran el camino para enfrentar la crisis de seguridad, la angustia de una ciudadanía que siente el creciente control del narcotráfico sobre los distintos organismos de Estado y que sufre los resultados de la violencia cotidiana y multifacética. Con ello el gobierno buscaba una victoria que presentar como apoyo popular a su gestión general y a su reelección.
Pero hay dos preguntas que se relacionan con cambios de las condiciones de vida del país y su gente y sobre las que pusieron el centro de su atención organizaciones populares y partidos de izquierda. Los cambios constitucionales pretendidos se refieren, primero (pregunta D), a auto obligar al Ecuador a someterse a los organismos de arbitraje internacional, afectando la soberanía nacional y los derechos del país y creando mayores garantías para el capital transnacional con el que están ligados los grandes grupos monopólicos. Y, la segunda pregunta (la E), a profundizar la precariedad laboral legalizando formas de trabajo por horas, pisoteando en los hechos los distintos derechos laborales. Una pregunta dirigida a provocar mayores ganancias patronales al no reconocer derechos como la afiliación a la seguridad social y, a la vez, a reducción salarial masiva.
Los resultados de la consulta
Tras una campaña oficial que evitó el debate, manteniendo una reducida difusión a nivel social, el verdadero sentido de las preguntas y sus anexos quedó fuera del conocimiento de un muy alto porcentaje de votantes. Los grandes medios, comprometidos en el respaldo al régimen, procedieron de la misma manera, insistiendo en una sola opción: el voto por el sí.
Las primeras informaciones, de una encuesta exit poll contratada por el gobierno y del conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, ya señalan una clara votación positiva superior al 60% a favor de las preguntas en las que se ofrece mayor lucha contra el crimen organizado y seguridad y que están también ligadas al rechazo popular de la corrupción en las altas esferas. En las dos preguntas fundamentales, sin embargo, la opción por el No gana y supera el 60%, con más del 25% por encima de lo planteado por el gobierno. Además, la abstención estaría cercana al 28% a pesar de que en Ecuador el voto es obligatorio.
En estas condiciones, queda demostrado que el pueblo ecuatoriano no confía en el gobierno de Noboa. En las preguntas que se pretendió la aplicación de políticas neoliberales y que, por la campaña de las organizaciones populares fueron las más discutidas y analizadas, la derrota de la derecha y su gobierno es muy seria. Ante ellas la campaña gubernamental fue también cargada de mensajes falsos y ofrecimientos de salir de la crisis, pero no convenció. Con recursos infinitamente menores, las organizaciones populares lograron una victoria por sobre la mentira y el engaño, sobre el modelo neoliberal y su recetario.
La desconfianza viene como resultado de las políticas gubernamentales implementadas, aunque Noboa pretende no ser de derecha extrema a pesar de su pertenencia al mayor grupo económico y procura impulsar un populismo que le permita reelegirse. Sin embargo, el pueblo rechaza la inoperancia que obliga a suspensiones laborales por el corte energético, la ausencia de obra pública necesaria, la subida del IVA del 12 al 15% con la consecuente elevación de precios, la crisis educativa y de la salud, la incapacidad de frenar a la violencia incluso con la presencia de los militares en las calles, retrasos en los pagos a los municipios, que no se pague 88 millones de dólares que el grupo Noboa debe por impuestos, entre otras evidencias de lo que realmente es este gobierno. Aunque no fueron temas centrales en la decisión del voto, sin duda estuvieron presentes en el pensamiento de un alto número de votantes.
Por otra parte, el acuerdo de gobernabilidad entre Noboa, Correa y Nebot (extrema derecha), que hasta hace poco funcionaba a nivel parlamentario, está roto tras la invasión a la embajada de México y la captura de Glas, generando mayores dificultades legislativas. Es además notoria su ausencia de capacidad de diálogo y negociación política. Por allí también se debilita el gobierno.
En estas circunstancias, la victoria social en las preguntas más importantes cambia el escenario político y abre las posibilidades de un reforzamiento de las posiciones contrarias al neoliberalismo y favorables a los derechos populares. La unidad se presenta posible y necesaria para enfrentar las contradicciones actuales y las que se vienen en corto plazo. Ante un gobierno que se debilita, el resultado de la consulta habla de un pueblo que puede orientarse adecuadamente en los temas fundamentales y que requiere ratificar este resultado reforzando la tendencia hacia la izquierda y el cambio verdadero.
*Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)