Por John C. Cannon
Un productor de carne de cerdo y de pollo ha ampliado sus operaciones en el norte de Ecuador con la ayuda de fondos del órgano encargado de los préstamos comerciales del Banco Mundial, a pesar de las constantes denuncias por parte de las comunidades locales sobre la calidad del aire y del agua, la salud pública y los problemas laborales.
La financiación, a través de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI), tiene como objetivo, en parte, impulsar las economías de los países en desarrollo. Sin embargo, los críticos dicen que los fondos que se dieron a Pronaca, con sede en Quito, entre 2004 y 2013 por un total de 120 millones de dólares no han beneficiado a los ciudadanos más pobres del país.
“En Ecuador, los beneficios solo son para las grandes empresas, no para las personas”, dijo Xavier León de la ONG Acción Ecológica a Mongabay.
Según datos agregados de la CFI durante una investigación de Mongabay y el Bureau of Investigative Journalism, a nivel mundial, desde 2010, la CFI ha facilitado financiación a ganaderos por valor de más de 1,8 mil millones de dólares.
Pronaca —abreviación de Procesadora Nacional de Alimentos— es la mayor empresa de ganadería industrial de Ecuador. La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al oeste de la capital Quito, se sienta al pie de las montañas de los Andes y se está promocionando como una ubicación ideal para ampliar la industria de producción alimentaria de Ecuador e impulsar los beneficios del sector privado.
Pronaca ha construido más de 30 granjas porcinas y avícolas en la provincia desde los años 90. Cada granja alberga miles de cerdos o millones de aves. Sin embargo, miembros de la comunidad local dicen que la creciente industria, con Pronaca a la cabeza, ha tenido graves consecuencias para su salud, subsistencia y calidad de vida.
También alegan que la CFI y su oficina del Defensor Asesor de Cumplimiento (CAO) no ha resuelto sus denuncias, incluso cuando los fondos han continuado circulando de la agencia a Pronaca para estimular su expansión.
Pronaca en Santo Domingo de los Tsáchilas
En 2004 y 2008, la CFI concedió un total de 50 millones de dólares a Pronaca en dos entregas. Los pagos constaban de una mezcla de préstamos que la empresa tenía que devolver con el tiempo, normalmente con plazos de siete a 12 años, así como inversiones en acciones que darían a la CFI una participación en la empresa.
Sin embargo, Pronaca fue construyendo más granjas y los residentes del lugar empezaron a quejarse de los efectos que tenían las concentraciones de animales explotados a nivel industrial, sobre todo en los ríos. Santo Domingo de los Tsáchilas hace mucho tiempo que es habitado por pequeños agricultores. También es el hogar del grupo indígena Tsáchilas, con una población de entre 3000 y 4000 personas, que viven en siete comunas en la provincia. Tanto los agricultores como los Tsáchilas dependen de los ríos para abastecerse de peces, agua para sus cultivos y para cocinar y bañarse.
Hoy en día, miembros de la comunidad estiman que las granjas de Pronaca en la provincia albergan hacia un millón de cerdos, aproximadamente el doble de la población humana de la provincia. Dicen que los residuos de todos esos animales acaban eventualmente en el río, que lo contamina con bacterias coliformes fecales.
“Varios estudios de la calidad del agua de los ríos muestran contaminación que en algunos casos supera cientos de veces los máximos autorizados”, dijo León.
Hay alguna duda sobre la fuente de la contaminación, si bien procede de las granjas o es el resultado de una red de alcantarillado deficiente en las comunidades que se encuentran al lado de los ríos de Santo Domingo de los Tsáchilas. Sin embargo, detractores de la empresa dicen que dichas cuestiones son solo una cortina de humo, detrás de la cual están bombeando millones de kilos de heces de cerdos en las vías fluviales de la región.
El defensor del pueblo de la CFI se involucra
En diciembre de 2010, dos miembros de la comunidad advirtieron a la CAO de la CFI de los impactos de la expansión de las granjas de Pronaca. Las quejas alegaban que la empresa estaba contaminando los ríos, que los hace inservibles tanto para las granjas como para los hogares. Según los documentos, miembros de la comunidad que entraron en contacto con el agua presentaron problemas cutáneos y gastrointestinales y a medida que se expandían las granjas habían surgido problemas respiratorios.
También dijeron que las granjas y las plantas de procesamiento contaminaron el suelo y el aire y emitían olores nauseabundos. Además, los demandantes dijeron que las granjas no tenían las licencias ambientales del gobierno ecuatoriano para operar, ni los operarios de las granjas habían llevado a cabo las evaluaciones del impacto ambiental.
Pronaca no respondió a múltiples peticiones por parte de Mongabay para que comentase.
Estos documentos desencadenaron una evaluación por parte de la CAO en febrero y marzo de 2011. Sin embargo, la activista local Beatriz Andrade dijo que el proceso fue superficial y el equipo de la CAO estuvo presente sobre el terreno solo durante unos días —Andrade lo ve inadecuado para entender la situación en su totalidad—.
El informe de la CAO dice que el equipo se reunió con “las partes interesadas” en Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas durante tres días en febrero y un día en marzo de 2011. El informe aborda los interrogantes sobre los olores, reconoce que eran una “molestia” en la zona alrededor de las granjas. El equipo de la CAO también señaló el problema de la contaminación del agua, pero no fue capaz de determinar la fuente.
“Aunque todo el mundo parece estar de acuerdo en que hay un grave problema debido a la falta de depuración de las aguas en las ciudades y las aldeas de la provincia, los demandantes y varios de los entrevistados entienden que los desechos sólidos y líquidos de las granjas de cerdo de PRONACA están siendo vertidos a los ríos sin un tratamiento previo, lo que las convierte en una fuente de contaminación significativa en la zona”, dice el informe. “PRONACA, por otra parte, dice que las instalaciones que generan vertidos industriales tienen sistemas de tratamiento y que sus desechos líquidos cumplen las normas nacionales”.
Las entrevistas de la CAO también revelaron otras inquietudes en la comunidad, como la proximidad de las granjas a los núcleos de población. Las regulaciones ecuatorianas requieren que las granjas estén al menos a 15 kilómetros (9 millas) entre sí y a 3 km (1,9 mi) de los núcleos de población.
Al final del proceso el equipo de la CAO informó que los demandantes no estaban dispuestos a participar en un “proceso de mediación” con la empresa. En su lugar, querían que la CFI cortara el flujo de dinero a Pronaca, una exigencia que la CAO no tiene la capacidad de satisfacer.
“Normalmente, las empresas denunciadas por contaminar no deberían aprovecharse de fondos internacionales”, dijo Ilario Signori, quien opera un albergue turístico en la aldea de Valle Hermoso, donde se encuentra uno de los mataderos de Pronaca. “La empresa nunca ha cumplido con las obligaciones sociales con respecto a la comunidad que necesitaba inversión”.
En su página web, la CAO escribió con referencia al caso Pronaca, “la evaluación del Defensor del pueblo de la CAO no implica un juicio sobre los méritos de la demanda. En su lugar, el objetivo es escuchar las preocupaciones de la población, entender las diferentes perspectivas y evaluar si es posible abordar las preocupaciones en un proceso colaborativo”. (Lenguaje parecido sobre las limitaciones del cometido de la CAO aparecen en muchos de sus informes de casos diferentes).
Después de que los demandantes rechazasen la mediación con la empresa, la CAO cambió el proceso a su “función de cumplimiento”, que conduce a una evaluación, también por la CAO.
Con fecha del 3 de noviembre de 2011, el informe de evaluación una vez más expone los detalles de las demandas. Mongabay confirmó con un portavoz que la CAO no llegó a realizar una investigación completa. Según parece, se tomó esta decisión a pesar de encontrar cierto mérito en las acusaciones. La CAO señaló que los informes anuales de seguimiento presentados por Pronaca probaban “una serie de incumplimientos de las directrices de la CFI/Banco Mundial”.
Los resultados de la evaluación indicaban que, después de la segunda inversión de la CFI en 2008, los datos del informe anual de seguimiento demostraban “que las operaciones de PRONACA estaban mostrando constantes mejoras en las emisiones al aire y el agua y estaba en conformidad con las directrices de la CFI para la mayoría de los parámetros y la mayoría de las ubicaciones”.
Sin embargo, al final del informe de evaluación, los autores también apuntan que, “La CAO opina que la transmisión de datos a la CFI (por ejemplo, en los [informes anuales de seguimiento]) es insuficiente para dar a la CFI todas las garantías de que las operaciones están en conformidad con las directrices de la CFI pertinentes”.
La evaluación también reconoce que las licencias ambientales todavía no existían para todas las granjas y plantas de procesamiento. Los autores del informe de evaluación lo atribuyeron a retrasos en el Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador —circunstancias que estaban “fuera del control” de la empresa—.
Más aún, la evaluación señala que las evaluaciones del impacto ambiental, aunque la CFI las había solicitado con anterioridad, no eran necesarias ya que el proyecto Pronaca estaba clasificado como un proyecto de “Categoría B”. Según la categorización ambiental y social de la CFI, los proyectos de la categoría B tienen “pocos posibles riesgos sociales o adversos para el medio ambiente limitados, generalmente específicos a un lugar, en gran medida reversibles y fácilmente abordados a través de medidas paliativas”.
La CFI no respondió a repetidas peticiones de comentarios sobre por qué las grandes granjas industriales con millones de animales no requerían evaluaciones para determinar cómo afectaría la expansión al medio ambiente y a la población local.
La evaluación acaba con la conclusión de que, aunque “habría sido conveniente que la CFI hubiese identificado antes las lagunas y que PRONACA hubiese respondido más rápidamente a esas lagunas como por ejemplo con la aplicación más rápida de acciones identificadas”, determinaron que la interacción no llegó al nivel que necesitase una auditoría. En ese momento, cerraron el caso.
La evaluación no mencionó que Pronaca había emprendido diversas medidas paliativas, como la aplicación del sistema de cama profunda para los cerdos. En este método de cría de animales, el cambio frecuente de la paja de arroz en la cual viven los cerdos se supone que bloquea una mayor parte de los olores de los residuos de los cerdos, entre otras supuestas ventajas. El documento también indica que los biodigestores ayudarían a abordar el problema del hedor.
Un residente de Santo Domingo de los Tsáchilas que solicitó mantener su anonimato por miedo a represalias por parte de los funcionarios y los representantes de la empresa dijo que pocas granjas instalaron los biodigestores, lo que en cualquier caso “solo sirve para capturar y quemar gas metano”.
Xavier León de Acción Ecológica añadió que Pronaca no aplicó estas medidas de forma proporcional a la inmensa expansión de las granjas de la región.
“Mi opinión era que, para Pronaca, esto era solamente por la publicidad de la responsabilidad social”, añadió León.
Beatriz Andrade fue un paso más lejos. “El sistema de cama profunda es un fraude. Es más contaminante”, dijo. “No es una solución”.
Por tanto, mientras la financiación continúa llegando, Andrade y otros miembros de la comunidad enviaron más quejas a la CFI. Sin embargo, Andrade dijo que nunca recibieron respuestas significativas en la forma de nuevas investigaciones sobre las operaciones de Pronaca y si estaban en sintonía con la CFI y las regulaciones ecuatorianas.
Una relación duradera
En 2013, la CFI otorgó otro préstamo de hasta 70 millones de dólares a Pronaca, una vez más programado para una mayor expansión de las operaciones ganaderas de la empresa en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Más de un año después, el 24 de diciembre de 2014 —Nochebuena— el Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador aprobó las licencias de 14 granjas de Pronaca.
León dijo que los habitantes del lugar, que tenían dudas sobre las numerosas licencias aprobadas todas a la vez justo antes de las vacaciones de Navidad, lucharon contra la legislación aprobada a toda prisa.
León dijo que, independientemente, la continua inversión antes de que todas las granjas tuvieran la licencia adecuada era desconcertante.
“No entiendo por qué la Corporación Financiera Internacional financió estas granjas si las granjas no eran legales durante estos años”, dijo León.
Un documento de la CFI de 2017 relativo a la mejora de la gestión de los riesgos ambientales y sociales de la organización indica que inversiones adicionales a un cliente, como los 70 millones de dólares que se otorgaron a Pronaca en 2013, desencadenaría una nueva serie de evaluaciones en este frente. Según el documento, “Será considerado como un nuevo proyecto con la debida diligencia ambiental y social separada, clasificación y un periodo de divulgación pública previo a la aprobación del Consejo de Administración”
Aun así, hoy en día, según la población que vive en Santo Domingo de los Tsáchilas, todavía quedan muchos de los problemas que instigaron las protestas de las comunidades hace una década. La pestilencia de los cerdos que viven en estrecha convivencia todavía impregna las zonas alrededor de las granjas. La gente dice que los ríos están demasiado contaminados para usarlos. La aldea de Santo Domingo está intentando mejorar la calidad del agua del río Pove, pero fuentes dicen que esa es la única iniciativa de ese tipo en la provincia.
Tanto León como otros dicen que análisis del río rutinarios y más frecuentes ayudarían a aportar una mejor apreciación del problema. En la actualidad, lo normal es que las autoridades tomen muestras de los ríos solo una vez al año.
Andrade dice que, en este momento Pronaca no está ampliando las instalaciones en Santo Domingo de los Tsáchilas, quizás como resultado de la presión de las comunidades.
Sin embargo, para otros el daño ya está hecho.
Illario Signori, el operario del albergue dijo que la industria del turismo rural ha quedado devastada por la presencia de Pronaca debido a “los terribles olores que llegan de las granjas, la contaminación de los ríos y las amenazas de la empresa para que la gente no proteste”.
Signori señaló que Valle Hermoso está ubicado a solo 200 km (124 mi) del límite de Quito y en su día era un refugio rural cercano para algunos de los 1,6 millones de habitantes de la capital. Signori culpa la instalación de una granja de 10 000 cerdos en la aldea en el año 2000 por el declive en los visitantes que recibe anualmente.
La lectura sigue estando clara para Xavier León: “Creo que se siguen dando estas inversiones porque la financiación es más poderosa que los intereses de la población”.
Imagen de cabecera del interior de una granja de cerdos en los EE. UU. de la Agencia de Protección Ambiental a través de Wikimedia Commons (Dominio Público).
John Cannon es un redactor de Mongabay. Pueden seguirlo en Twitter: @johnccannon
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Artículo original: https://news.mongabay.com/2020/07/world-bank-funded-factory-farms-dogged-by-alleged-environmental-abuses/