Por Edgar Isch L*
Octubre: un antecedente ineludible
En octubre de 2019 un levantamiento indígena y popular recorrió el territorio ecuatoriano confrontando un paquete de medidas neoliberales de Lenín Moreno que estaban directamente dictadas por el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el FMI se firmó en marzo de 2019, ofreciendo al país 4.200 millones de dólares, por partes, e imponiendo, entre otros puntos, una reforma fiscal, la flexibilización laboral, la disminución del aparato estatal, y el retiro del subsidio a los combustibles. Las condiciones de créditos realizados supuestamente para frenar la profundización de la crisis, permitieron que grandes sectores de la sociedad denunciaron este acto ilegítimo y rechazaran medidas ya conocidas por sus efectos negativos.
El gobierno planteó la reducción de las vacaciones del sector público a la mitad de tiempo, reducción del 20% salarial en la renovación de un contrato temporal, aporte de un día mensual de los trabajadores públicos, entre otras medidas. Pero, para la clase social de los empresarios propuso la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, eliminación o reducción de aranceles en varios rublos, reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero, devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía” y un aporte extraordinario de las empresas con utilidades de más de 10 millones de dólares que sumaba poco más de 300 millones, una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se beneficiaron con unos USD 987 millones.
El levantamiento frenó buena parte de esas medidas, pero el gobierno continuó con su compromiso con el FMI y con el pago de la deuda externa. El 2019 presentó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de -0,08%, el pleno empleo en los últimos cinco años cayó 10 puntos, mientras que el empleo inadecuado (subempleo) alcanzó al 56,6% de la población económicamente activa (PEA) en 2019. Mientras tanto, los grupos monopólicos identificados por el Sistema de Rentas, continúan con el crecimiento de sus ganancias. Un ejemplo está en la banca, que según datos de la Superintendencia respectiva concentró en 2019 utilidades superiores a los 600 millones de dólares.
El año pasado el descenso en el presupuesto social fue mayor y con claro incumplimiento de mandatos constitucionales. Ese mismo año se habría despedido a más de 3.000 trabajadores de la salud; antes se expulsó a la misión de salubristas cubanos y el presupuesto del plan salud fue de menos del 50% al del 2017. Esta realidad se sumó a la pésima gestión de la pandemia que puso a las principales ciudades, Guayaquil y Quito, en el foco internacional.
Neoliberalismo recargado en medio de la pandemia
Lo que pasa hoy en Ecuador debe alertar a todo el continente. Se trata de una manera brutal en la que los ricos de un país dependiente aprovechan la pandemia para aumentar el índice de explotación a las clases trabajadores. Y todo bajo el eufemismo burlón de medidas humanitarias dictadas por el “gobierno de todos”.
Entremos a un detalle breve, primero, del contenido de la llamada “Ley de Apoyo Humanitario” publicada en el Registro Oficial el 22 de junio. Bajo el pretexto de la pandemia y aprobada un mes más tarde, se alteran las relaciones laborales permitiendo que la jornada de trabajo sea reducida hasta el 50% del horario y hasta el 45% de la remuneración y que se pueda distribuir en seis días (en Ecuador la semana laboral es de cinco días y 40 horas); se amplía la terminación laboral por caso fortuito o fuerza mayor sin indemnización; suspensión de desahucio en arriendos, siempre que se demuestre estar cancelando un porcentaje o demostrar pérdidas de los negocios. Ni una sola medida que afecte a las ganancias.
Con el mismo eufemismo, en marzo y mayo se anunciaron otras medidas que incluían reducción del aparato estatal con el anuncio de 20.000 despidos; reducción inconstitucional de presupuesto a las Universidades; la eliminación de subsidios a las gasolinas colocándolas a precio de mercado internacional que se realizó cuando el petróleo bajó a mínimos, de manera que la gente no sintiera sus efectos al día siguiente; reducción de la jornada laboral en el sector público por 10 horas a la semana con la consecuente reducción salarial; privatización de múltiples entidades estatales y concesión de otras, incluyendo la principal refinería del país.
En momentos en que las denuncias por corrupción, que vienen desde el gobierno pasado, hoy no dejan a ningún poder del Estado fuera del escándalo, los sectores sociales se han pronunciado contra los corruptos y contra las medidas, que en su mayor parte se van aplicando y que ganan el respaldo del FMI. Lo han hecho por diversos mecanismos, incluyendo la calle, y de manera trascendente plantean la unidad a través de un programa del Parlamento de los Pueblos Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador llamado “Minga por la Vida” y las propuestas del Parlamento de las Mujeres, que permiten anunciar que: “Octubre volverá”.
La deuda va primero
En marzo el país estaba ya colapsado, no se contaban con los recursos suficientes para la crisis sanitaria y pronto empezarían los retrasos de semanas en el pago de los sueldos públicos. La legislación internacional permitía declararse en “Estado de necesidad” y suspender el pago de la deuda externa. Sin embargo, el gobierno utilizó 320 millones para el capital de los Bonos Global 2020, mientras buscaba nuevos créditos para pagar más deuda.
Poco después se comprobó que el pago del servicio de la deuda (amortizaciones e intereses) superó, en abril, los 865 millones de dólares de capital de deuda externa y 71 millones de dólares en intereses y comisiones. Los principales beneficiarios fueron Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc. Para hacerlo, el gobierno habría realizado una operación especulativa que terminó con pérdidas.
En una suma total, entre enero y abril de 2020 el pago de la deuda es de unos 4.008 millones de dólares, cuando el Estado adeuda unos 6.910 millones, acumulados desde 2012 hasta junio de 2020, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, poniendo en riesgo la existencia misma del Instituto y las pensiones de los jubilados.
Hoy el gobierno está renegociando un tramo de la deuda. Aunque no está terminada, el resultado solo sería un temporal alivio en pagos inmediatos y parte de los intereses, se la presenta como un éxito que justifica los pagos realizados en plena pandemia. Un detalle importante es que se conoce que los poseedores de los bonos exigirían un nuevo acuerdo con el FMI que les otorgue plenas garantías, ratificando que la economía ecuatoriana es direccionada por ese organismo financiero internacional.
Crisis por todos lados
El capitalismo tiene una crisis multilateral y la manera que se presenta en Ecuador igualmente abarca todos los aspectos de la vida. Las medidas neoliberales están logrando que el peso de esa crisis esté en los hombros de las clases trabajadoras, incluyendo en aquellos que se quedan sin empleo. Mientras tanto, los mecanismos de acumulación de riqueza se mantienen y la garantizan a pocos grupos monopólicos que, por supuesto, tienen fuertes nexos con empresas transnacionales. Por ello, cada semana se ajustan las previsiones negativas de producción, desempleo, pobreza y brecha socioeconómica.
Para febrero del año que viene se realizan elecciones de presidencia y Asamblea Nacional. Esto añade otro factor de confrontación y ha llevado a sectores de derecha a disimular su apoyo a las medidas gubernamentales. Deben disfrazarse ante un pueblo con creciente rechazo al FMI, al gobierno que tiene una aceptación de menos del 10% y a la derecha desembozada. Lo importante ahora es lograr que las expresiones sindicales, étnicas, de género, generacionales y sociales en general, tengan también una expresión electoral que brinde posibilidades de enfrentar, en otras condiciones, el futuro. El apoyo a una candidatura indígena que represente a estos amplios sectores, se presenta como opción creciente.
El futuro inmediato nos dirá como se presentan las contradicciones
sociales en lo ideológico, lo económico, lo político y lo ético. Seguramente las condiciones obliguen al
cumplimiento del anuncio: “Octubre volverá”.
*Docente de la Universidad Central del Ecuador. Integrante de la Red Internacional de Cátedras e Instituciones sobre el Estudio de la Deuda Pública-RICDP