Por Remo Cornejo Luque
Lo que ocurre hoy en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es una simple crisis administrativa; es una abierta traición a la democracia. Tras tres intentos fallidos, y en una cuarta sesión forzada, el Pleno finalmente obtuvo los votos para aprobar informes fraudulentos, antitécnicos e ilegales que recomiendan la cancelación de Unidad Popular y el movimiento Construye. Bajo el pretexto de una supuesta disminución de adherentes, pretenden despejar el tablero electoral de cara a las seccionales de 2027.
Cabe preguntarse: ¿Cómo se gestionaron esos votos a sabiendas de que dicho informe es un bodrio jurídico? Este zarpazo tiene nombres y apellidos. Diana Atamaint, quien se mantiene ilegalmente prorrogada en sus funciones, ha dejado de actuar como autoridad para convertirse en el brazo ejecutor del gobierno de Daniel Noboa. No es novedad; la trayectoria de Atamaint es la de una servidumbre política que ha sabido plegarse a los regímenes de turno para asegurar su permanencia.
Con este actuar, Atamaint no solo traiciona la fe pública, sino que deshonra sus propias raíces. El Ama llulla, ama shua, ama quilla (no mentir, no robar, no ser ocioso) son los pilares éticos de la identidad andina que promueven la honestidad y la laboriosidad. Al pisotear estos preceptos, la funcionaria da la espalda a su origen y a la dignidad de su pueblo.
Es imposible olvidar su nefasto papel en 2021. El país fue testigo del fraude operado mediante un «apagón» informático que excluyó a Yaku Pérez del balotaje para favorecer a Guillermo Lasso. Esa maniobra es el sello de una funcionaria que prefiere la sombra del poder a la luz de la transparencia. Hoy, los vocales que avalaron esta infamia deberán responder no solo ante la ley, sino ante la indignación popular.
¿Cómo puede un árbitro caduco, que debió ser renovado hace años, pretender «depurar» el sistema de partidos? La prórroga de funciones es la garantía que el régimen de Noboa necesita para eliminar a la oposición «en el escritorio». Pero que lo sepan bien: la democracia no es una farsa dirigida desde Carondelet. La lucha de las organizaciones sociales es hoy una sola: exigir la salida de un CNE servil que solo alimenta el autoritarismo. El pueblo organizado no permitirá que le roben, una vez más, el derecho a decidir.