Por Jaime Chuchuca Serrano
La línea autoritaria oligárquica que Noboa y su pacto es una constante en el gobierno: el caso Chatarra Rusa, para enviar armas a Ucrania intermediadas por EEUU; el auto-perdón de miles de millones de dólares con leyes en la Asamblea Nacional; la declaración de guerra interna y el crecimiento de las fuerzas represivas; la persecución militar y policial contra los comuneros de Palo Quemado, Pampas, Pangua y otros territorios, por los intereses mineros (incluyendo los del grupo Noboa); un tipo de destierro a su misma vicepresidenta; la incursión armada en la Embajada de México, rompiendo tratados internacionales y la propia Constitución.
Aunque todo esto ya parecería bastante, la lista continúa: el irrespeto a la votación popular, que se opuso mayoritariamente contra el trabajo por horas y el arbitraje internacional, para continuarlos por medios ilegales; el uso de las fuerzas armadas en los apagones y una purga dentro del propio gobierno; y en estos días, el ataque a la comuna de Olón y el ecocidio contra el bosque y vegetación protegida, el manglar, especies endémicas y el Esterillo Oloncito (Acuerdo Ministerial 72, 14/11/2001; R. O. 465, 30/11/2001), para beneficiar la operación de la inmobiliaria de Vinazin, empresa a nombre de Lavinia Valbonesi, esposa de Daniel Noboa, además de relacionar al círculo íntimo gubernamental.
Esta larga cadena de atentados contra la sociedad, la naturaleza y la democracia, con efectos de carácter internacional, se conecta a una negligencia total dentro de la administración pública. Además, desde la subida del IVA y los precios de varios productos, se proyecta una posible recesión: cierre de empresas, disminución de ventas y de la recaudación estatal. En este contexto, el Caso Olón, se convierte en un evento sísmico para la propia base social de Noboa. El tráfico de influencias y el abuso del poder en Olón es innegable: María Beatriz Moreno, presidenta de ADN, es la gerente general de Vinazin; Sade Fritschi, ministra de Ambiente, tramitadora de permisos ilegales; Roberto Luque, ministro de Transporte y Energía, hace los estudios con su empresa Geosísmica (también lo ha hecho para los proyectos mineros Mirador, Fruta del Norte; y Barcazas eléctricas); Mónica Palencia, ministra del Interior, y abogada de Vinazin.
Esta estructura de corrupción, saltó a la luz por denuncias ciudadanas en las redes sociales, mientras el gobierno y las corporaciones mediáticas querían ocultar los hechos: manipularon webs ministeriales y registros oficiales, para impedir el acceso a la información. La red X registró más de 12 millones de personas hablando de Olón, entre el 8 y 9 de mayo, y los siguientes días continuó la batalla. Aunque la Fiscalía ha iniciado investigaciones, puede más bien taparse el caso antes que obtenerse resultados, por cuestiones del poder. El gobierno actual, ha violado derechos sociales y de la naturaleza, no solo en Olón, sino en varias comunidades. El Grupo Noboa tiene larga experiencia en tráfico de tierras, la comuna Engabao lo recuerda cada día. Como en otras ocasiones, Noboa no da la cara y viaja al extranjero pagado por recursos públicos.