Por Jaime Chuchuca Serrano
Desde su creación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha sido un botín político para los gobernantes de turno. El CPCCS es clave para los concursos, comisiones de selección, nombramientos y designación de varias decenas de instituciones. Los “amarres” que hace la mayoría del CPCCS determinan la conformación de varias instituciones. De 2010 a 2016, el CPCCS fue tomado por la mayoría de los miembros de Rafael Correa. De 2018 a 2019 Lenin Moreno y sus aliados lograron un CPCCS transitorio encabezado por Julio César Trujillo para reorganizar las instituciones más importantes. En 2019 se eligieron los nuevos representantes; dos meses después la Asamblea Nacional destituyó a Tuárez, Gómez y Chala.
En 2020 se realiza una nueva conformación del CPCCS, y el 9 de febrero de 2022 el Consejo se escinde en una mayoría conformada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, claramente progobiernista y en una minoría por Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero. Esta mayoría destituyó de la presidencia y vicepresidencia del organismo a Sofía Almeida y David Rosero, nombrando a Hernán Ulloa y María Rivadeneira en esos cargos.
La mayoría del CPCCS está apoyada por las fuerzas de Lasso y la minoría actualmente tiene el apoyo de UNES, PSC y PK, aunque esto podría variar. La gran cantidad de policías movilizados por orden del Ministerio de Gobierno, da cuenta que fue un golpe del ejecutivo al quinto poder. El autoritarismo pudo más que los enunciados legales. Aunque Lasso diga, en campaña y ahora, que uno de los objetivos de CREO es la eliminación del CPCCS, primero se aprovechará de este, y de acuerdo a los beneficios se le podría olvidar la mentada eliminación. Hace algunos días, las fuerzas del gobierno lograron también que se vaya la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. La reorganización institucional autoritaria es la acompañante perfecta del plan económico neoliberal.