Por Anamaría Vera
Fotos: Anamaría Vera
Este llamado Nuevo Ecuador no tiene nada de nuevo, ni proyecta un futuro común. Se consolida, al contrario, como una gran amenaza para la democracia, la soberanía y la vida misma
En tiempos turbulentos es fácil caer en la desesperación. La sensación de caminar sobre arenas movedizas se intensifica cuando el bombardeo de malas noticias parece no tener fin. Sin embargo, para no dejarnos arrastrar por ese desgaste emocional y político, vale la pena tender un puente entre lo que duele, lo que resiste y lo que todavía podría convertirse en horizonte.
Este Nuevo Ecuador, lejos de representar una transformación positiva, se consolida como una amenaza estructural para la democracia, la soberanía y la protección de la naturaleza. En medio del desconcierto, incluso aquellos hechos que podrían parecer señales favorables, al ser analizados en el actual contexto, revelan la profundización de un modelo que prioriza la extracción, debilita los derechos y desoye la voluntad popular.
El mensaje de las urnas y el silencio del poder
La consulta popular del 16 de noviembre del 2025 dejó un mensaje claro. En un contexto marcado por la inseguridad, la violencia y la desigualdad, el voto popular fue una herramienta para defender los derechos consagrados en la Constitución. La ciudadanía no está dispuesta a aceptar decisiones que comprometan los derechos, el ambiente y la democracia. La población rechazó la instalación de bases militares extranjeras y reafirmó la vigencia de la Constitución de 2008, levantando un mensaje claro: la soberanía no se negocia y el poder presidencial tiene límites definidos por la decisión colectiva. El triunfo del NO fue la expresión de la memoria del pueblo que reconoció los riesgos de retroceder en garantías constitucionales y de permitir intervenciones que afecten al territorio y a quienes lo habitamos.
Tras la consulta popular, el gobierno no desarrolló una estrategia visible para canalizar este mandato. No se generaron espacios de diálogo, ni ajustes de agenda o mecanismos para recoger las preocupaciones ciudadanas. El Ejecutivo mantuvo su misma línea de acción y anunció que continuaría con su plan de gobierno. La ausencia del presidente en momentos clave profundizó la percepción de desconexión con el mensaje expresado en las urnas y reforzó la idea de que el resultado electoral no fue asumido como un mandato político vinculante.
Falso signo de avance: la minería en Napo
El triunfo del NO también evidenció que la crisis ambiental y la crisis social están profundamente conectadas. Las comunidades que enfrentan violencia, pobreza o abandono estatal son las mismas que sufren los impactos del extractivismo y la degradación ambiental. Defender el territorio es, en ese sentido, defender la vida cotidiana.
En este contexto, a inicios de febrero el Ministerio de Ambiente y Energía anunció la suspensión de actividades de minería ilegal en la provincia de Napo. A primera vista la noticia parecía positiva. Sin embargo, su análisis revela una historia de omisiones y retraso estatal.
Desde el 2022 las comunidades kichwas de Talag, Shandia, Sardinas y otras zonas del cantón Tena habían alertado sobre la presencia de maquinaria pesada, desplazamiento de familias y contaminación de ríos. Inclusive se enviaron cartas a la Presidencia y a autoridades provinciales, señalando la presencia de grupos armados y el control criminal de frentes mineros. Pese a ello, la respuesta del Estado fue nula.
El resultado de tanta desidia está a la vista. Entre 2017 y 2024 se deforestaron más de 1.700 hectáreas en Napo, lo equivale una extensión de más de 2.400 canchas de fútbol. Para 2025 la minería ilegal avanzó sobre cuencas críticas como el Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el sistema Puní–Cotona–Arajuno, con relaciones incestuosas con algunas actividades consideradas como legales. Reportes periodísticos han confirmado, una y otra vez, la existencia de decenas de frentes activos y maquinaria operando sin control.
La inacción estatal permitió la pérdida acelerada de bosque amazónico, la contaminación de ríos con mercurio y sedimentos, la afectación directa al agua de consumo humano y la apertura de caminos clandestinos que facilitaron la expansión de actividades ilegales y la presión sobre áreas protegidas. Recién el 2 de febrero de 2026, el gobierno anunció la suspensión total de la minería en Napo. Aun así, organizaciones locales y habitantes de la zona han advertido que la actividad se habría reactivado en varios puntos, evidenciando la incapacidad del Estado para garantizar una protección sostenida del territorio. Además, bien podría ser que ahora se despeje de minería a pequeña escala ese territorio para entregarlo a empresas de mayor tamaño, como ya sucedió en Esmeraldas hace algunos años.
Ley que contradice la voluntad popular
La decisión de detener la minería ilegal en Napo pierde coherencia cuando se observa el marco normativo impulsado por el propio gobierno. El 28 de enero de 2026, el gobierno envió a la Asamblea Nacional la Ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, con carácter de económico urgente.
Diversos colectivos ciudadanos alertaron sobre los riesgos de esta normativa. La ley plantea reemplazar las licencias ambientales por simples autorizaciones, reduciendo las garantías técnicas y debilitando la supervisión estatal en una de las actividades más agresivas para los ecosistemas. Además, prioriza la velocidad de los trámites sobre el derecho constitucional de las comunidades indígenas y locales a ser consultadas. Al acelerar los permisos, se ignora el proceso de consulta previa, libre e informada, generando un escenario propicio para nuevos conflictos territoriales.
El 26 de febrero de 2026 la Asamblea aprobó la ley con 77 votos, en una sesión realizada a puerta cerrada en Samborondón, Guayas. Esta reforma legal contradice abiertamente el espíritu de las consultas populares, flexibiliza controles, debilita la consulta previa y favorece intereses empresariales sobre la protección del agua y los territorios ancestrales. La situación se complica aceleradamente con la creación de agrupamientos mineros integrales que se protegerán con la militarización de los territorios con potencial minero para romper la resistencia de las comunidades.
Democracia que no escucha
Es lamentable e indignante que no se respeten los triunfos en las consultas populares para frenar los extractivismos. Recordemos las consultas populares en los cantones Girón (2019) y Cuenca (2021), ambas en la provincia del Azuay, la consulta en el Distrito Metropolitano de Quito, llevadas a cabo dentro de la normativa constitucional, que prohibieron con abrumadora mayoría de votos las actividades mineras en sus territorios. A estas consultas se suma la consulta popular, a escala nacional, que prohibió la extracción de crudo en el Bloque 43 o Yasuní-ITT y ordenó el retiro de todos los equipos petroleros allí instalados; consulta que recibió el respaldo público del entonces candidato presidencial Daniel Noboa.
La consulta popular es un instrumento de democracia directa, con una fuerza jurídica y simbólica superior a la de una ley ordinaria. Ignorar sus resultados implica perder legitimidad institucional, debilitar la credibilidad del sistema político y sentar un precedente peligroso: si un mandato popular puede ser desoído una vez, puede volver a serlo.
Ante tanto atropello, luego de la aprobación de la mencionada ley, la ciudadanía volvió a protestar en las calles para expresar su malestar frente a una institucionalidad que no escucha, que desoye mandatos populares y que actúa como si la consulta hubiera sido un trámite sin consecuencias reales. Es evidente, que la población no está dispuesta a renunciar a sus ríos, páramos, selvas, bosques, ni a su derecho a decidir sobre su territorio.
No hay duda de que será necesario multiplicar acciones de resistencia, como las de Intag, Palo Quemado, Fierro Urcu, Buenos Aires, Río Blanco y de las mismas provincias amazónicas, y movilizaciones, como la marcha del Quinto Río en Cuenca, celebrada el 16 septiembre de 2025.
Galápagos: esperanza y contradicción
Gracias a la consulta popular del 16 de noviembre pasado se alejó la amenaza de una base militar norteamericana en el archipiélago.
En medio de este panorama preocupante, la repoblación de tortugas gigantes en la isla Floreana, el 20 de febrero de 2026, parecía una noticia que devolvía la esperanza. Luego de 150 años esta isla volvía a tener tortugas gigantes. Se liberaron 158 tortugas gigantes juveniles en dos zonas de la isla Floreana, como parte del proyecto de restauración ecológica de la isla.
Este hito científico y ecológico demuestra que la restauración ambiental es posible cuando existe voluntad, ciencia y compromiso a largo plazo. Las tortugas gigantes son jardineras del ecosistema, restauran procesos evolutivos interrumpidos y fortalecen la identidad nacional y la proyección internacional del país. Galápagos es un símbolo de soberanía ecológica y patrimonio de la humanidad.
Sin embargo, esta esperanza se vio rápidamente opacada: la Ley de minería y energía, calificada como urgente en materia económica, permite la extracción de material pétreo en Galápagos. Se dice que solo afectaría el 3% del territorio habitado, que no afectaría el Parque Nacional. Aunque el gobierno insiste en que no se trata de minería metálica ni de gran escala, el mensaje es contradictorio: se borra con el codo lo que se hace con la mano.
La historia ecológica de Galápagos es una advertencia. La extinción de tortugas y de otras especies en varias islas fue consecuencia de la explotación sin límites y de decisiones que ignoraron la fragilidad de estos ecosistemas. Reabrir la lógica extractiva, incluso de forma “limitada” supone un riesgo acumulativo que este entorno no puede absorber.
El mundo observa Galápagos como territorio protegido y un símbolo de vida. La reintroducción de tortugas es un ejemplo global de esperanza. La apertura a actividades extractivas, en cambio, se lee como un retroceso en un momento en que las crisis exigen coherencia absoluta entre discurso y acción. Para los habitantes de Ecuador, ya lo expresamos de forma contundente en noviembre pasado, Galápagos no es negociable. A contrapelo de esta decisión, el gobierno de Noboa prioriza la extracción sobre la protección: su horizonte de Nuevo Ecuador no es ser custodio de un patrimonio único sino saquear los recursos a corto plazo.
Fuente: Plan V