Por Mariano Santos N.
El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), inició su construcción el 26 de junio del 2001 y, sus operaciones, El 14 de noviembre de 2003.
Algunos antecedentes.
En ese entonces, fue cuestionado en varios temas; por ejemplo, el compartir casi el mismo trazado-ruta del Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano (SOTE), construido en 1972, principalmente se cuestionaba la ruta por los alrededores del volcán Reventador, de alto riesgo geológico, pues allí, el terremoto de 1986, desnudó la extremada fragilidad de la zona que degeneró en la rotura del SOTE y el derrame de miles de barriles; una verdadera catástrofe económica y ambiental. Es en el mismo sector que también se ubica la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que igualmente fue cuestionada por los geólogos del ex INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación), por la presencia en sus cercanías del volcán activo Reventador.
Lo que se sabía hace casi 36 años se ha confirmado más de una vez. A pesar de las advertencias, el gobierno desestimó las observaciones. “Nadie va a joder al país… el OCP va porque va”, decía Gustavo Noboa, el vicepresidente (de Mahuad) el del feriado bancario, entonces presidente de Ecuador hasta que fue echado por un levantamiento popular el año 2001.
Sin embargo, los cuestionamientos no eran solamente técnico-geológicos, sino también de disponibilidad de crudo, porque no había suficiente petróleo para justificar la construcción de un nuevo oleoducto. Muchos técnicos pensábamos que era suficiente el ampliar el ducto existente, pero la campaña mediática orquestada por las transnacionales fue de tal envergadura, que «su razón» se impuso, pues el OCP estaba (está) conformado precisamente por las petroleras extranjeras como REPSOL YPF, AGIP, PERENCO, ANDES Petroleum; en su momento, la OXY también formó parte…
Las petroleras decían a voz en cuello que con el aumento de la producción que juraban y requetejuraban, no solo iban a copar totalmente la capacidad de transporte del ducto, 450.000 barriles diarios, sino que previeron un posible aumento de su capacidad a 520.000 barriles, pues había mucho petróleo por transportar.
¿Algún parecido con lo de hoy en día, en que Lasso, (un presidente al igual que ayer con Noboa, al servicio de las mismas transnacionales), y las petroleras prometen subir, ¿duplicar la extracción petrolera a 1 millón de barriles diarios?, hasta fines de su mandato?, aunque una vez más recula y, dice que será en 6 o 7 años…
En efecto, el tiempo nos ha dado la razón, el OCP, en todos estos años no ha podido transportar más allá de los 150.000 barriles diarios, apenas la tercera parte de su capacidad, es decir que es un ducto subutilizado y eso que Petroecuador le dio «una manito», pues buena parte del crudo que transporta el OCP es de la petrolera estatal…
Sigamos con el historial del OCP, su costo. Como es «normal» en el Ecuador, el mismo tuvo un escandaloso sobreprecio, su valor que ellos mismo reconocen (valor publicado en la página web de OCP) fue de $1 475 millones; un costo que fue tolerado impunemente por las autoridades energéticas de turno. Decimos sobreprecio, porque un oleoducto de las características del OCP, no costaba para la época, más allá de los $700 millones, pues en otras partes del mundo, como Rusia, donde se construían oleoductos similares, su costo no superaba el valor mencionado. Por supuesto, pese a que es una obra privada, su alto precio lo pagamos todos los ecuatorianos, entre otros, por la tarifa exagerada que paga el crudo de Petroecuador, que es de $2 el barril transportado
Roturas y derrames
Las roturas y derrames comenzaron con el inicio de su construcción, período en el cual hubo nada menos que 5(cinco), uno de los cuales rompió el vecino SOTE; otro destapó un derrame que estaba enterrado y que se había producido con la rotura del Sote durante el terremoto de 1986. Para variar, hubo 3 «accidentes» durante las pruebas, antes de su funcionamiento oficial. Más tarde, en 2009 hubo una nueva rotura con el consiguiente vertido de crudo; se derramaron 11 070 barriles en el sector de Santa Rosa en la provincia de Napo. En abril de 2013 un deslave causó un derrame en que 12 690 barriles de crudo contaminaron el sector de Wincheles, un área agrícola y ganadera de la provincia de Esmeraldas.
El 2 de febrero de 2020 es una fecha trágica, de ingrata recordación para el Ecuador, pues la cascada más alta de nuestro País, la de San Rafael, con una caída de agua de 150 metros, desapareció, se la ¡TRAGÓ LA TIERRA!, fenómeno este que con mucha antelación ya había sido advertido por los expertos, si es que no se tomaban los correctivos del caso, pues ya se comenzaba a hablar de la erosión mal llamada «regresiva», que no es otra cosa que la erosión avanzando aguas arriba, que en períodos muy cortos, avanzó 11 km, poniendo incluso en riesgo la captación de agua para Coca-Codo, situada algo más aguas arriba( a 7,9 km).
La desaparición de la cascada San Rafael fue solo un anuncio más, aunque extremadamente importante, de un problema ambiental, social y económico de gigantescas proporciones.
La erosión en el valle del río Coca, entre las provincias de Napo y Sucumbíos, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, pues allí se encuentra toda una infraestructura estratégica que le ha costado millones de millones al país; por allí cruzan los 2 oleoductos, un poliducto, la carretera Quito-Lago Agrio y se ubica la central Coca Codo Sinclair; pero por sobre todo, centenares de comunidades que se asientan río abajo, principales damnificados de la irresponsabilidad…
Sin embargo, ese «anuncio» de la desaparición de la cascada fue ignorado o se le prestó muy poca importancia. Así, días después, el 7 de abril del 2020, se generó un socavón que rompió los 3 ductos (2 oleoductos y el poliducto), apenas 1 km arriba de la desaparecida cascada, con el consecuente derrame de miles de barriles que nuevamente afectó a todas las comunidades se asientan río abajo.
Pero la historia continúa y, En diciembre 2021 colapsaron algunos tramos de la vía, a causa de la erosión en el río Piedra Fina, un afluente del río Quijos, que a su vez conecta más adelante con el río Coca, por lo que el OCP, el 8 del mismo mes y luego, 2 días más tarde, el SOTE y el Poliducto Shushufindi-Quito, suspendieron el bombeo de crudo y combustibles, para evitar derrames, bombeo que fue reanudado finalizando el año, el 31 de diciembre, es decir que tres semanas estuvieron paralizados. Inmediatamente se pusieron a trabajar para reconstruir los tramos afectados, es la séptima variante que se realiza en el sector; bien dice el adagio popular, «el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces»…
Parecía ¡al fin!, que habrá un cambio de ruta y, habrían comenzado los estudios para poner los tubos del otro lado del río, es decir, no por la margen izquierda de ahora (por donde también está el Reventador), sino por la margen derecha, recomendación esta que venía siendo hecha desde hace bastante tiempo por los geólogos expertos pero que tenían oídos sordos en los ejecutivos encargados de tomar la decisión. Sin embargo, OCP no tiene previsto el cambio de ruta, por el otro lado del río, como tampoco el enterramiento del tubo, por lo que los siniestros seguirían, mientras que, en cambio, Petroecuador ya tomó la decisión con el Sote y el poliducto.
Por supuesto que los perjuicios económicos; solamente con esta paralización, que duró tres semanas, han dejado pérdidas al Fisco que ascienden los $ 1.141 millones, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central del Ecuador (BCE)y el Fondo Monetario Internacional. La cifra equivale al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB)de Ecuador.
Sin embargo, faltaba el último golpe, que creemos no será precisamente el último.., que ocurrió el 28 de enero de 2022, cuando en el mismo sitio del incidente anterior, Piedra fina, según los OCP, el ducto se rompió por la caída de una piedra de dos metros que lo perforó, aunque testimonio de habitantes del sector señalan que fue una retroexcavadora, la que golpeó contra el ducto, ocasionando el derrame de por lo menos 6 300 barriles de petróleo, aunque, las Comunas dudan de las cifras dadas por OCP.
Por este derrame, habría tenido una “módica” multa de entre los $4.250 Y $85.000, aunque los daños superan con largueza estas cifras. Así, en pocos días la mancha de petróleo llegó al río Coca luego al río Napo y días después pasó por el Yasuní cerca de la frontera con el Perú. Más de cien comunidades se quedaron sin agua ni alimentos por el derrame; es evidente que hubo displicencia y negligencia, pues cuando ocurren estos hechos, cualquier petrolera, lo primero que por obligación debe hacer es poner barreras biológicas, que no son otra cosa que barreras de contención, absorbentes que son como esponjas que atrapan el crudo e impiden el «viaje» de la mancha contaminante río abajo.
El transporte de petróleo, se retomó, luego de 11 días de paralización, pero, como siempre, no pasó nada…
Robando a sus trabajadores.
Serpientes y boas, titulaba Simón Espinosa, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, en su columna de diario El Comercio, el 28 de noviembre de 2021.
La Compañía Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCPE) presentó valores errados en sus declaraciones del impuesto a la renta para el ejercicio de los años 2005 y 2006, intentando perjudicar a sus trabajadores y al Estado. Declaró utilidades de 8’018.688, 72 en el 2005, y cero como el 15 % de sus trabajadores; pero el Servicio de Rentas Internas, luego del análisis de lo presentado por OCPE determinó que las utilidades habían sido 100’644.653,39 con un ocultamiento de 92’625.964, 67, y por tanto el 15% de participación de los trabajadores era 15’096.698,01. Y para 2016, OCPE declaró cero de utilidades cuando en realidad habían sido 85’329.212,78 por lo que el 15% de participación a sus trabajadores era 12’799.381, 92.
La OCPE impugnó en el ámbito administrativo. SRI se ratificó. OCPE acudió al ámbito judicial y perdió en todas las instancias. La Corte Nacional rechazó un recurso de casación por ambos casos (2005 y 2006), dejando en firme las resoluciones administrativas; pero la compañía acudió al ámbito constitucional, cosa que no compete a la Corte Constitucional, la que rechazó tal ilegalidad y dispuso el archivo de las causas. Así que la Compañía OCPE debía pagar; decimos debía, porque hasta la presente, con argucias y cualquier cosa, en el ministerio del trabajo suspendieron el pago.
Claro, estamos en el gobierno de los empresarios, de los banqueros, de los offshore…
Lasso quiere premiar al OCP…
En diciembre del próximo año, 2023, luego de 20 años, se termina el contrato con el OCP, ducto que sin costo alguno debe ser revertido al Estado. Sin embargo, Guillermo Lasso, lo ha manifestado en varias ocasiones, que por su “excelente trabajo” y buen comportamiento, no procederá con la reversión, sino que le renovará el contrato, ¿por otros 20 años?,.
¡Viva la fiesta!