or Remo Cornejo Luque
No todas las personas son moneditas de oro; los principios, valores, las relaciones interpersonales con esencia de empatía, afirman la personalidad y los nexos afines entre seres humanos. La gente de bien se rodea de personas de bien, y la gente perversa se rodea de personas que viven del mal.
La abogada Diana Salazar, nació en la ciudad Ibarra en 1981. Vivió su niñez en su ciudad natal, hasta mudarse a Quito junto a su familia a los 16 años. Estudió Jurisprudencia en la Universidad Central de Ecuador.
En el 2011 se convirtió en fiscal y su labor se catapultó en el 2016 cuando estuvo al frente de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía y participó en la investigación del caso FIFA Gate en Ecuador, donde fue sentenciado Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol; recopiló parte de los indicios para la sentencia de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, cuando participó en el capítulo ecuatoriano del Caso Odebrecht; en el 2018 fue nombrada directora de la Unidad de Lavado de Activos (UAFE); cuatro años más tarde, Diana Salazar procesó a Lenin Moreno por el caso Sinohydro. Tras su paso por la UAFE, participó en el concurso para Fiscal General del Estado y ganó el concurso público, el 8 de abril de 2019, tras obtener 88,17 sobre 100 puntos; y fue designada por el CPCCS como Fiscal General del Estado (FGE).
Desde el ascenso al gobierno del correísmo hasta hoy, han transitado 8 Fiscales generales; 4 estuvieron en la época del Correa, donde el más obsecuente y de ingrata recordación, fue Galo Chiriboga (2011 a 2017).
La presencia de Diana Salazar como Fiscal General del Estado, ha sido una piedra en el zapato para el correísmo, ya que el Ministerio Público ha montado 34 casos penales contra Rafael Correa y la mayoría es por presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias. Recordemos que existe una sentencia de ocho años de cárcel por el caso Sobornos (impuesta el 7 de septiembre de 2020, por el delito de cohecho) y que Correa está prófugo desde 2018.
De las 34 investigaciones, solo 11 pueden ser juzgadas en ausencia. Es decir, aunque Correa no regrese al país podría ser sentenciado. Se trata de 10 casos por peculado y uno más por cohecho, mismos que son imprescriptibles. Las investigaciones por supuesto peculado se refieren a: Reconstrucción de Manabí tras el terremoto; IESS; vuelos presidenciales; renegociación de la deuda; emisión de certificados de tesorería, entre otros.
Todo el proceso investigativo para demostrar la corruptela de la época del correísmo y, muy particularmente, del jefe de la mafia, le ha hecho acreedora del desprecio de la gente de mal, de la búsqueda de argucias para su destitución (entre mayo y noviembre de 2023 desde la Judicatura, el CPCCS y, ahora, desde la Asamblea, se ha buscado la destitución de la FGE); mientras que, en contraposición, la gente de bien aplaude la titánica labor contra la corrupción.
Así, entonces, no es de sorprenderse que la RC5 hable de que el pacto con el PSC y ADN del “Baby” Noboa, se haya afinado con el juicio político a la FGE y las amnistías a los “líderes” prófugos y presos del correísmo; es decir, el pacto del descaro y la vergüenza nacional, lleva la impronta del pacto por la impunidad. A 10 días de posesionada, la asambleísta por la RC5, Gisella Garzón, vislumbró la prioridad de su bancada al presentar la solicitud de juicio político contra la FGE, Diana Salazar.
Desde el campo popular y de izquierda revolucionaria, se cuestiona y se opone a ese juicio político sesgado porque lo que quiere el correísmo es parar los casos que investiga la Fiscalía y lograr su impunidad. ¡Los trabajadores y pueblos del Ecuador sabrán alzar sus voces y brazos para combatir la impunidad!