Por Ricardo Naranjo
El Decreto Presidencial 730, expedido el día miércoles 3 de mayo, tras la recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, lejos de ser un instrumento para combatir al “crimen organizado”, constituye una amenaza contra quienes se opongan al gobierno. Ni las motivaciones, ni los cinco artículos que componen el decreto dicen nada en específico sobre el combate al narcotráfico, a las bandas transnacionales, ni a otro tipo de delitos afines y; en general, lo único que deja claro es que, para enfrentar a cualquiera que ellos consideren “terroristas”, las FFAA tendrán potestad para operar libremente en territorio nacional, usar armamento letal y tendrán un trato especial cuando cometan abusos de poder. En otras palabras, la derecha está aprovechando la inseguridad, para imponer los recursos que les permiten aumentar la represión contra el movimiento social.
Se invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, para favorecerse de la ambigüedad intencional del término “crimen organizado”, dada la “naturaleza cambiante de este tipo de actividades”. Con lo cual, “terrorismo” queda al criterio subjetivo de cualquier funcionario, desde el presidente, hasta el militar que se encuentra en un operativo. Preferible hubiese sido que, como se rumoraba al principio, que se determine directamente, qué tipo de actividades, qué agrupaciones y en qué jerarquía se actuará con consideración de terrorista. Con esa ambigüedad, ¡Nadie está a salvo!
La mencionada convención, establece con claridad que, para reconocerse como “crimen organizado”, deben conjugarse: 1) Una estructura organizada, 2) El cometimiento de uno o más delitos y, 3) El fin de obtener beneficio económico y otro de orden material. En tal sentido, coincidiendo con el Plan Integral de Seguridad Ciudadana (2021), se incluyen en esta categoría el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de migrantes, corrupción, blanqueo de dinero, entre otras. Sn embargo, al no referirse específicamente a ninguno de estos elementos, esta “declaración contra el terrorismo”, en el fondo, desvía la atención de quienes manejan el negocio desde las altas esferas económicas y políticas y, sigue aumentando la violencia en las calles.
El COIP, en su artículo 366 considera terrorista a quienes “individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos”. Lo cual, sumado a las últimas reformas legales y decretos que se han emitido so pretexto de la violencia, se presta para muchas interpretaciones.
Para mirar el antojadizo manejo político de la categoría “terrorista”, no está por demás refrescar casos como el de innumerables defensores de la naturaleza, el de Marcelo Rivera, Mery Zamora, los 10 de Luluncoto y otras personas que, por protestar, fueron acusados de terrorismo y sabotaje, en el gobierno de Correa y sus sucesores. Ahora mismo, tres integrantes del Movimiento Guevarista permanecen detenidas por temas similares y, desde los corifeos del gobierno, se insiste en tildar de terroristas a líderes del movimiento indígena y popular. Así, además de justificar la violencia reaccionaria, terminan equiparando de manera maliciosa al delincuente con el luchador social, porque, según ellos, “ambos son una amenaza”.
Otro factor debatible, es la falta de garantías, dada la escandalosa corrupción y la desconfianza que despiertan las instituciones del Estado. Según una investigación de TC Televisión, desde 2018 hasta el primer semestre de 2022, 1.898 policías ecuatorianos fueron apresados por haber cometido contravenciones o delitos tipificados en el Código Integral Penal. Esto implica que, a diario, al menos un policía es arrestado en Ecuador y, hasta ese momento, el 63% han sido reincorporados. Esto, sin mencionar los casos de militares vinculados a grupos delictivos, narcotráfico, extorción e, incluso casos emblemáticos como el de Don Naza, el caso de los narcogenerales, etc. A los que debemos sumar el hecho de que el propio presidente de la República enfrenta un juicio político en el que se le investiga por posibles nexos con la mismísima mafia albanesa.
En torno a este último aspecto, ninguno de los estados de excepción, de emergencia, cambio de autoridades, ni otras decisiones, incluido el porte de armas ha servido para frenar la delincuencia y, la violencia vive una escalada. Lo cual demuestra la inoperancia del gobierno en materia de garantizar la seguridad de la población. Pero, además, resulta sospechoso que la decisión de “militarizar” el país o pensar en medidas “antiterroristas”, se den en estos precisos momentos, en el que la inconformidad crece y el gobierno pende de un hilo.
Si, en realidad se pensara en el combate a la delincuencia, se debería contar con un verdadero Plan Integral, apuntar a frenar el negocio principal, controlando las fronteras, las aduanas, aeropuertos, puertos; investigando y sancionando a autoridades y empresas vinculadas al crimen organizado y al lavado de activos, combatir realmente a las cabezas de las grandes bandas locales que trabajan para los carteles mundiales. Pero, sobretodo, se debe pensar en brindar salud, educación, empleo digno, obras en los barrios populares, planes de recuperación de espacios públicos, impulsar la organización y seguridad comunitaria, etc. Pero, cómo es evidente, el gobierno no tiene la voluntad de frenar la delincuencia y sus “terrores” son de otra índole.