En Marcha
Editorial
En el seguimiento que efectuamos del escenario político nacional, hemos advertido que el gobierno de Daniel Noboa enfrenta un proceso de pérdida de credibilidad y de apoyo popular. No es algo circunstancial, sino un asunto que se presenta como una tendencia. Es el costo político de una gestión antipopular al servicio de grandes capitales criollos y extranjeros.
Aparejado a este comportamiento social, hay un asunto cualitativamente trascendente: los trabajadores y el pueblo no solo sienten rechazo a Noboa —y a todo lo que está ligado a su gobierno—, sino que transitan del descontento a la protesta, a la lucha en las calles.
La jornada del pasado 13 de marzo, que puso énfasis en demandas salariales, seguridad, rechazo a la política antiobrera, así como la jornada del 8 de marzo, convocada por el movimiento de mujeres, tuvieron elementos en común; entre ellos, su masividad y el grito ¡Fuera Noboa!, que unificó a sus participantes.
Hay muchas otras expresiones de lucha que se han producido y siguen desarrollándose en varias provincias. Mencionemos las que repudian las reformas al Cootad; las de campesinos que temen quebrar totalmente por los acuerdos comerciales internacionales firmados por el Gobierno; las de pacientes, por la crisis del sistema de salud pública; y la de comerciantes, camioneros y trabajadores en la provincia de Carchi.
El descontento se generaliza y varios elementos indican que se incuba un punto de inflexión en la lucha de los trabajadores y el pueblo: nuevas acciones de protesta se avizoran.
En cuanto se refiere al Gobierno, este persiste en su ofensiva económica y política. Ha firmado acuerdos que, al tiempo que refrendan la dependencia extranjera y entregan nuestras riquezas naturales a los monopolios internacionales, ponen en riesgo de quiebra a los pequeños productores agrícolas y manufactureros
También se acentúa su perfil autoritario. Los aires de dictadorzuelo trasuntan en Noboa de forma constante. Al crecimiento del descontento popular, cree que puede enfrentarlo acosando o ilegalizando a organizaciones políticas y populares que levantan la oposición. El intento de eliminar el registro electoral de Unidad Popular, que se urde en estos días, es un ejemplo, pero no el único.
El desarrollo de la lucha del pueblo y el enfrentamiento al gobierno demandan de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares en general, fortalecer y ampliar los lazos de unidad.
Las acciones más importantes de lucha se han producido cuando se han unido fuerzas, y las victorias más trascendentes ha sido, también, fruto de la unidad popular.