Por Isabel Vargas Torres
Ecuador y sus instancias estatales están penetradas por crimen organmizado. El estado de guerra decretado por Noboa lejos de combatir la delincuencia, ha sido aprovechado para que, a nombre de la seguridad, se implementen medidas neoliberales como el incremento del IVA al 15%, la creación de zonas francas, la firma del TLC con China, alianzas público-privadas entre otras.
Los estados de excepción y el cambio de denominación de delincuentes a terroristas, no han frenado la delincuencia organizada en el país, ya que, de los 12 000 detenidos, 400 han sido procesados. Además, desde enero hasta la primera semana de marzo, se han registrado un incremento de casos de secuestros y extorsiones Las provincias más afectadas son, Pichincha con 166 casos, Esmeraldas con 189 y Guayas con 650, esta última es la más afectada, ya que los casos se han quintuplicado con relación al año 2023, cuando se reportaron 120 casos en el mismo periodo.Muchos de los detenidos son reincidentes en este tipo de delitos.
Los grupos delincuenciales organizados penetran en todas las esferas de la sociedad ecuatoriana. Es preocupante que estas estructuras criminales utilicen a adolescentes para el microtráfico o para la cobranza de extorsiones del tipo «vacuna», a quienes les denominan «desechables».
En Ecuador, se registraron 352 muertes violentas de niños y adolescentes el año pasado. Según Unicef, «En los últimos meses, las muertes de niños, niñas y adolescentes han aumentado drásticamente debido a un incremento del crimen en varias partes de Ecuador». «También se reporta un aumento en el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos armados, y las instalaciones médicas y las escuelas están bajo asedio», dijo Garry Conille, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.
Existe un llamado urgente a priorizar el pago de la deuda social para combatir eficazmente el crimen organizado. Desafortunadamente, el actual gobierno prefiere honrar la deuda externa, beneficiando a los más acaudalados, en detrimento de los 17 millones de ecuatorianos. Desde los sectores sociales debemos insistir en declarar en emergencia educación y salud.