Por Ulbio Càrdenas S.
Los grandes empresarios y sus teóricos neoliberales (Dahik, Pozo, Spurrier…), con el apoyo de los grandes medios, montaron una campaña orientada a mostrar una endeble situación de los denominados sectores productivos, a justificar el ajuste fondomonetarista y que sirva de punta de lanza ante la exigencia popular de que la grave crisis fiscal la paguen los grupos económicos que se beneficiaron con una serie de incentivos (subsidios) otorgados por los gobiernos.
El 30 de diciembre de 2019, la Superintendencia de Bancos publicó su informe anual de la situación de los 24 bancos privados, que establece estas entidades financieras acumularon 560 millones de dólares de utilidades en 2019; diez por ciento más que en 2018. Por otro lado, el Portal Ekos, en la misma fecha publicó el ranking de empresas comerciales, basado en el informe de la Superintendencia de Compañías, en el que se nota que las cien empresas más grandes mantuvieron o superaron sus ingresos de 2018. Conclusión: el sector bancario y comercial tuvieron importantes utilidades e ingresos en 2019. Vale recordar que algunas de esas entidades se beneficiaron en 2018 con la Ley de Remisión de multas, intereses y recargas por impuestos no pagados, cuya cifra se estima en 4.300 millones, que no fue sino un subsidio a 270 empresas, cifra que Moreno intentó recuperar en parte con la planteada eliminación del subsidio de los combustibles, parada a raya por la gran movilización indígena y popular de octubre pasado.
Desarmada la estrategia neoliberal con la lucha popular, el presidente Moreno, que se muestra muy eficiente ante los intereses empresariales, urdió una nueva maniobra para quedar bien con el FMI y los empresarios. En el Presupuesto General del Estado 2019, incluyó las siguientes reducciones:
- 140 millones a los GADs
- 30 millones para las universidades
- 300 millones a las pensiones jubilares (de 1700 a 1400 millones)
- 700 millones a ser recaudados elevando precios de los combustibles.
- 448 millones menos para salarios
Son 1618 millones de recorte; que tendrá las siguientes repercusiones:
- Los GADs harán menos obras, postergando la atención de necesidades populares
- Se agranda la brecha de cobertura de la educación superior
- El recorte del aporte al fondo de pensiones profundiza la crisis del IESS
- Suben los precios de los combustibles, sube todo: mayor pobreza.
- Reducir la masa salarial implica despedir 39.000 servidores públicos; pero quedan intocados los altos sueldos del nivel jerárquico superior
Visto asì; el PGE emitido por Moreno y aprobado por la mayoría de la Asamblea esconde un paquetazo mayor al anunciado en 2018. El pueblo ecuatoriano sabrá responder a la medida de las circunstancias.