Por Francisco Escandón Guevara
En el país aún reina la zozobra. Por ahora, el estado de guerra decretado por Daniel Noboa está concentrado en perseguir y detener a los peones de las mafias, a los llamados rulays, mientras los peces gordos siguen prófugos y lucrando de la economía narcocriminal.
Ese decreto que refrenda la mano dura ofrecida está legitimando no sólo el uso letal de la fuerza, sino también es aprovechado para acelerar la militarización de la sociedad, la liberalización de la economía y la legitimación de los pactos que tiene el oficialismo con correístas y socialcristianos en el legislativo. Todo esto a nombre de la unidad nacional.
Justificada la necesidad de la violencia estatal para frenar la violencia de las mafias, el gobierno busca posicionar el debate del costo de la guerra y cómo financiarlo. La elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15% y la eliminación del subsidio a los combustibles son las principales medidas propuestas.
Es una vieja práctica de las élites cargar impuestos al pueblo cuando hay una catástrofe natural o social. Después del terremoto del 2016, el correísmo incrementó el IVA en dos puntos, Moreno durante la pandemia redujo la jornada laboral y los ingresos de los trabajadores, en tanto, Noboa nuevamente apela al viejo recetario de ajuste neoliberal.
En nombre de la guerra quieren incrementar impuestos al pueblo, mientras los ricos gozan de exoneraciones tributarias, perdón de millonarias deudas e incluso a algunos de ellos se les devuelve lo que pagaron en IVA. Está clarísimo, el Estado capitalista es garante o protector de los intereses de las élites y castiga a las masas empobrecidas.
Hay una relación inversamente proporcional entre los impuestos indirectos que gravan el consumo y la capacidad de comprar de la gente. Subir el IVA, incluidos los precios de la mayoría de productos de la canasta básica familiar, desencadenará la contracción de la economía, probablemente la recaudación tributaria prevista se reducirá y la amenaza de la recesión terminará por aplastar la economía del país aún endeble después del encierro del coronavirus.
Esta medida impopular es parte del lobby y el coqueteo que hace el régimen para congraciarse con el Fondo Monetario Internacional, el interés de Noboa es lograr, a cualquier precio, un nuevo préstamo para cubrir el déficit fiscal.
En manos de correístas y socialcristianos está la aprobación de este paquetazo, seguramente pactarán las condiciones para apoyarlo. El pueblo no debe callar ante el gobierno convertido en vacunador.