Por Henry Izurieta
En apenas quince meses de gobierno del presidente Guilermo Lasso, el IESS ya tiene su tercer presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega que cumple, según la Superintendencia de Bancos y Seguros, con los requisitos para tan alto cargo, especialmente aquellos de formación académica y experiencia en el ámbito financiero, pero que, paradójicamente, él acepta no tener experiencia en el ámbito de la seguridad social, esto no garantizará las mejores decisiones, no solo por la falta de formación en seguridad social, sino, sobre todo, porque proviene de la burguesía ecuatoriana y su gestión los hará desde esos intereses.
Por el otro lado, los representantes de los trabajadores y los empleadores, respectivamente, son los suplentes de sus principales que fueron electos hace doce años, siendo que la ley dispone que sea cada cuatro años. No cabe duda que ellos tienen directa responsabilidad, por acción u omisión, en el descalabro del IESS en la última década.
La salud
En realidad, podemos decir que el seguro de salud ya está privatizado. Los hospitales y dispensarios del IESS siguen en su propiedad, pero el dinero para atender la salud hace años se entrega a los denominados “prestadores particulares de salud” a donde son “derivados” los pacientes. Entre el 2017 y 2019 la OIT confirmó que el IESS entregó 4 000 millones de dólares a clínicas, hospitales y consultorios privados, facturados en base a un “tarifario” que beneficia al prestador de salud. Ese organismo sostuvo que este procedimiento es inadecuado a los intereses de la institución y de los afiliados. La consecuencia fue que el IESS no renovó el convenio con la OIT y por decisión de los representantes de afiliados y empleadores, siguió derivando los pacientes al sector privado, sin solucionar los problemas de su infraestructura hospitalaria, justificando seguir pagando afuera, como las operaciones que no se realizan en los quirófanos propios por mal estado o por falta de simples insumos. O las diálisis que se realizan por miles diariamente en el sector privado, porque el IESS apenas tiene cinco de las máquinas necesarias.
La compra de medicinas es otra vía de corrupción. Pliegos mal elaborados u objetados por el Sercop anulan la compra por concurso y lo hacen vía renovación de convenios y a precios elevados. Se calcula que por cada 100 millones de dólares en compras de medicinas entre 30 y 40 millones se van por el caño de la corrupción.
La reciente declaratoria de emergencia para comprar medicinas puede convertirse en otro mecanismo para eliminar controles y comprar medicinas a gigantescos sobreprecios y/o caducadas. Las farmacéuticas no son jugadores inocentes en esta trama de corrupción.
La jubilación
El seguro de pensiones vive su propio drama con la amenaza de no tener dinero suficiente para cubrir pensiones, situación que pudo evitarse. A inicios de este siglo la OIT ya anticipó al Estado ecuatoriano sobre la posible falta de recursos. Pero lo sucesivos gobiernos han actuado de dos maneras: la primera, desoyendo las advertencias; la segunda, aplicada por el expresidente Rafael Correa, no invirtiendo en seguridad social, pese a contar con grandes recursos económicos que manejó y, peor aún. eliminó el aporte estatal del 40% a las pensiones jubilares. Estas son causas de la crisis. Las reservas del seguro de pensiones debieron estar en un nivel equivalente al PIB del país, pero apenas llegan a los 6 000 millones, apenas el 5.5% del PIB. Lo inaudito es que se pretende solucionar esa crisis cargándose con afiliados y jubilados: aumentando edad de jubilación, reduciendo pensiones, eliminando atención en salud a ciertos grupos, trasladando al Seguro Social Campesino a que dependa del Ministerio de Bienestar Social.
Hay que adoptar los correctivos que correspondan, pero no reduciendo derechos como proponen gobierno, FMI, Banco Mundial y grandes empresarios.