Por Fabián Carrión/ Colectivo Aprendamos a Educar
El capital pedagógico emancipador base de la educación de calidad
Como se establece en la Constitución vigente, la educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida, así como es un deber inexcusable del Estado el garantizar el ejercicio de este derecho.
Así mismo la Carta Magna define el carácter de la educación como científica, holística, centrada en la formación integral de los seres humanos para que desarrollen sus capacidades individuales y colectivas para la transformación de las inequidades sociales y culturales, así como en su participación en los procesos de desarrollo nacional.
Para cumplir con estos propósitos en el Art. 349 de la Constitución se norma que,.. “El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.»
Por tanto, la capacitación docente es un derecho del magisterio ecuatoriano que debe ser garantizado por el Estado.
En este sentido es importante reforzar la importancia de la capacitación docente que debe ser entendida como el proceso orientado a desarrollar las capacidades profesionales docentes y afirmar los conocimientos de maestros y maestras con el objetivo de prepararlos para desempeñar con profesionalidad el proceso de enseñanza aprendizaje en todos los espacios de desarrollo de la actividad educativa. La capacitación también es indispensable para el desarrollo y optimización de las capacidades educativas institucionales y proporcionar un sólido fundamento teórico, metodológico, didáctico operativo así como el compromiso ético-social que sustente una educación innovadora. El resultado: a mayor capacitación docente mejores resultados educativos y eficiencia en el uso de los recursos educativos lo cual significa no un gasto superfluo sino una inversión que a la postre representa un ahorro económico.
En la época actual de grandes avances científicos y tecnológicos, es indispensable la capacitación docente para que la educación esté a tono con este desarrollo y contribuya a eliminar las barreras que en la actualidad sostienen el atraso y subdesarrollo respecto de otras naciones. Este atraso científico y cultural se han magnificado en esta época de la pandemia del Covid19 y de manera urgente se requiere una reactivación de las actividades educativas en un contexto de postpandemia, que exige de las y los docentes capacitarse para crear nuevos entornos educativos con el aporte de las TIC y con el conocimiento de estrategias didácticas y pedagógicas para la recuperación estudiantil, la atención a los problemas psicológicos y de aprendizaje que se han producido en esta pandemia. Esta realidad plantea la responsabilidad del Estado la implementación urgente de procesos de capacitación y actualización docente a fin de preparar a las y los docentes para el cumplimiento de su tarea formativa con creatividad y compromiso social.
No hay discrimen al garantizar la capacitación docente.
Si no existen recursos suficientes, adecuados y éticamente empleados, no se garantiza el derecho del magisterio a la capacitación y, como hemos argumentado, no se garantiza el derecho del estudiantado a la educación de calidad y calidez como derecho fundamental, que debe ser particularmente protegido en la LOEI.
El tener financiamiento de parte del empleador para la capacitación docente no implica “trato preferente”, ni “beneficios y prebendas”. Un derecho nunca responde a esos calificativos. Y si existen otros sectores laborales en los cuales no existe la vivencia de un derecho, ese no es motivo para impedir su aplicación en otros casos. Cuando el trabajo es altamente especializado, es también indispensable que el Estado cubra la actualización y perfeccionamiento de su personal.
Por ello, la lucha actual del magisterio, de estudiantes y otros sectores de la comunidad educativa es justa porque demandan al Estado que cumpla con su responsabilidad de garantizar su capacitación y actualización permanente.