Marco Villarruel Acosta.
Los acercamientos al Fondo Monetario Internacional (FMI) se reiniciaron en el gobierno de Rafael Correa, especialmente después del terremoto de 2016.
Para entonces comenzaba a sentirse la grave crisis económica producida por la abrupta baja del precio internacional del petróleo y una profunda brecha producida por el despilfarro financiero y la corrupción del gobierno y de las empresas privadas.
Pero había el antecedente político del escándalo mundial que hiciera el ex primer mandatario Correa, tanto al FMI como al Banco Mundial, a los que acusó de usureros e instrumentos de los gobiernos imperialistas, a través de eventos mediáticos que llamaron la atención a nivel internacional. Pero fue patético que al final de su mandato debió golpear humildemente las puertas de estos organismos internacionales.
La función principal del FMI no es precisamente otorgar préstamos a los países pobres que caen permanentemente en cesación de pagos de sus abultadas deudas externas. Es el de asegurar los pagos de capital e intereses a la banca mundial a través de préstamos a bajo interés y plazos extendidos con el fin de que la adecuación de las instituciones y de las legislaciones nacionales se orienten al fortalecimiento del modelo económico capitalista, con acento neoliberal.
Para este efecto los gobiernos deben “achicar los Estados”, privatizar las industrias e instituciones del Estado, privatizar los servicios públicos, reducir los derechos sociales de los trabajadores y la adoptar planes de ajuste estructural. Requisito fundamental que deben cumplir los gobiernos que mendigan dineros al FMI es la separación de miles de trabajadores de las dependencias estatales. En el Ecuador serán alrededor de 3 mil, en estas semanas.
Estas acciones no se ven ni se anuncian públicamente. Se escriben en un documento secreto denominado Carta de Intención que el país deudor firma y se compromete a cumplir en un plazo determinado. Es un instrumento tenebroso en el que se obliga a las más duras medidas neoliberales. El coronel Lucio Gutiérrez, ex Presidente, declaró muchas veces que se vio obligado a firmar la Carta de Intención en la que se perfilaba la privatización del IESS.
Estas medidas han sido aplicadas en muchas partes del mundo y han sido respondidas con intensas movilizaciones de los trabajadores, tal como aconteciera hace no mucho con Grecia, y antes con México, Rusia, Bolivia. Los gobiernos han emprendido feroces campañas de represión, y así lo detalla Noemí Klein en su libro La doctrina del shock.
Y el anuncio oficial del gobierno de Lenín Moreno de “iniciar” negociaciones para conseguir dinero fresco para pagar deudas atrasadas y pagar los sueldos de los empleados públicos, se esperaba hace rato. En la práctica se puede asegurar que las negociaciones mantenidas en el más absoluto secreto tomaron fuerza a partir de mayo del 2017, cuando Moreno se posesiona como presidente y rompe con su mentor político precisamente por el estado de calamidad financiera que azotaba el país.
Los requisitos han ido cumpliéndose de manera ordenada y escrupulosa: expide la ley de Fomento Productivo, mediante la cual se rinde ante los empresarios y los banqueros. Abre las puertas a los inversionistas a través de la supresión del impuesto a la renta, les concede la condonación de intereses y la simplificación de las obligaciones ambientales. Promete la derogatoria del impuesto a la salida de capitales, y “facilita” las actividades productivas. El discurso de la austeridad ha sido puesto en práctica y con ello muchos ecuatorianos han sido desplazados de sus empleos. Las universidades, colegios, escuelas, hospitales y miles de locales públicos no tienen ya financiamiento para su mantenimiento. Es que la austeridad, como se sabe, es siempre para los pobres y los de arriba nada más se aprestan a beneficiarse y hacerse más ricos.
Los ministros a cargo de la preparación del camino a la llegada del FMI, especialmente Pablo Campana y Richard Martínez, provienen de los más altos centros del poder económico nacional. Particularmente visible es el papel de Santiago Cuesta Caputti, un oscuro e inesperado vocero que anunció la venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, (CNT), la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), TAME (Transportes Aéreos Militares del Ecuador), entre otras, y para ello ha emprendido, con el apoyo de industriales, banqueros y determinados medios de comunicación, la consiguiente campaña de desprestigio de las empresas públicas, tal como aconsejan los protocolos neoliberales.
Aunque tardíamente, las organizaciones populares se han manifestado con firmeza contra la presencia del FMI y especialmente contra las medidas de ajuste que terminan azotando al pueblo, ya golpeado con el incremento de los combustibles, la desocupación, la inseguridad social, los bajos salarios.
Incluso han debido manifestarse los trabajadores de CNT y CELEC, y de la Empresa Eléctrica Quito, sacudiéndose de las cadenas de los “Gordos”, llamados así los viejos burócratas sindicales que crearon una central sindical para apoyar al fenecido régimen que en su tiempo les premió con embajadas y consulados, y con altos puestos burocráticos como la Dirección del Seguro Social Campesino. Estos “Gordos”, como los llaman en la Argentina a esta lepra dirigencial, tienen el control de la CUT, de la Red de Maestros, de los trabajadores de la salud, y están corruptos hasta la médula. Ahora están siendo desbordados por las bases ya que en vez de oponerse con sinceridad a las privatizaciones, apenas balbucean aquello de la “seguridad” en el puesto de empleo, no importa que el nuevo patrono sea alguna empresa multinacional.
Viene un ajuste brutal, que incluye una rebaja inhumana del déficit fiscal, rebaja del gasto público, reducción de los subsidios, reducción de ingresos de los gobiernos locales, venta masiva e indiscriminada de bienes del sector público. Eso es lo que tradicionalmente pide el FMI aunque en el Ecuador las organizaciones populares lo tienen muy claro y preparan –elecciones de por medio- una robusta campaña de oposición.