Por Ramiro Beltrán
La crisis financiera ecuatoriana entre 1998 y 2000 fue uno de los periodos más duros de la historia económica y social del país. Fue desencadenada por una combinación de grados de corrupción, decisiones irresponsables de gobernabilidad política del Estado y saqueo del erario público, que llevaron al colapso del sistema financiero nacional.
En marzo de 1999, el gobierno de J. Mahuad – Democracia Cristiana – decretó el feriado bancario, suspendiendo transacciones y congelando depósitos bancarios, lo que implicó la pérdida de ahorros para miles de ciudadanos, incluidos pequeños ahorristas, trabajadores y jubilados. El desempleo superó el 14 % y el subempleo alcanzó niveles históricos. La pobreza se incrementó, afectando a más del 60 % de la población. El impacto social fue devastador.
Más de la mitad de las instituciones financieras privadas cerraron, el Estado destinó miles de millones de dólares al salvataje bancario, cuyo costo rondó los 8 mil millones de dólares.
La moneda nacional, el sucre, se desplomó —de 5. 000 a más de 25. 000 por dólar—
Las consecuencias sociales fueron profundas y devastadoras: la economía entró en recesión, el desempleo y el subempleo aumentaron, la pobreza se disparó, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables (adultos mayores).
La crisis también desató una gran ola migratoria, con cientos de miles de ecuatorianos buscando oportunidades de vida en el exterior, ante la falta de empleo y el deterioro de condiciones de trabajo.
Desde la perspectiva jurídica y ética, la crisis reveló fallas graves en la dirección del Estado. Las pérdidas privadas fueron socializadas, mientras los derechos de los ciudadanos —al ahorro, al trabajo, a la seguridad social y a una vida digna— fueron vulnerados, hubo impunidad.
Cuando la política económica se divorcia de la ética pública y del derecho, el resultado no es desarrollo, sino exclusión. La estabilidad macroeconómica no puede construirse sacrificando a la población ni debilitando la seguridad social.
El cinismo como forma de vida: Mahuad está demandando al Estado ecuatoriano: pide anular la sentencia y reparación integral de derechos.
La lección es inequívoca: la economía debe estar al servicio de la dignidad humana, el poder público tiene la obligación irrenunciable de proteger a los más vulnerables. No hacerlo es repetir, bajo nuevos nombres, la misma irresponsabilidad que marcó una de las páginas más dolorosas de nuestra historia reciente. Recuperemos la memoria histórica para impedir una nueva crisis financiera, un nuevo atraco. Evitemos los errores de este episodio negro de la historia e incapacidad administrativa pública. Advertencia: La historia financiera y política actual, está en camino a reproducir este negro episodio, los cínicos están en el poder y enquistados en el Estado.