Por Jaime Chuchuca Serrano
El objetivo de la élite en el poder es acabar con el Estado constitucional de derechos y justicia; una nueva lista de puñaladas acometió la Dictadura de Noboa en estos días. Ahora, a propósito de impedir a la vicepresidenta Verónica Abad, reemplazar a Daniel Noboa en la presidencia, por las elecciones 2025, se ha emitido una serie de decretos inconstitucionales: enviar a la vicepresidenta Abad a Turquía (490), nombrando a dos vicepresidentas de facto seguidas, Moya (492) y Gellibert (494), y encargando la presidencia a Gellibert, aunque sea funcionaria de facto (500), para que Noboa haga campaña, lo que consideran iletradamente “fuerza mayor”. Como sea, Cynthia Gellibert se convierte en la primera presidenta de facto del Ecuador. El régimen ha llegado al absurdo, para justificar ilegalidades, y en medio de un nuevo Estado de Excepción (493). Mientras tanto, no se respeta el principio de igualdad (Art. 11.2 de la Constitución) para la participación electoral: Noboa abusa del poder, soslayando al resto de candidatos.
Ante las acciones dictatoriales de Noboa, ha emergido un argumento descarado, con el que coinciden funcionarios y asesores presidenciales, periodistas y coidearios del régimen: el gobierno y la pandilla de Noboa pueden violar la Constitución y la ley, cuando lo deseen, a condición de ganar las elecciones y conservar la banda presidencial. Si de este modo pensarían todos los binomios, cuando lleguen al gobierno, la Constitución y las leyes, no servirían de nada, y primarían solamente los intereses de los grupos, de las oligarquías en el poder. Aquí regiría solamente la ley del matón, del que trae el arma más pesada o la chequera con más dinero. Este argumento se ha impuesto por la fuerza institucional y represiva a todo razonamiento jurídico constitucional. No queda duda ya, que así el régimen alcanzó una bancada fuerte en la Asamblea, la mayoría del Consejo de la Judicatura, del CNE y del TCE; y creó la lentitud y el silencio sepulcral de la Corte Constitucional.
La dictadura de Noboa opera con la ruptura del ordenamiento jurídico y la ayuda de las corporaciones comunicativas; si el gobierno comete un delito, este lanza una acusación a otro; como la denuncia de Jorge Escala a Gellibert, por Usurpación y Simulación de Funciones Públicas (Art. 287 del COIP), ante la que la Fiscalía se declara ciega, y enseguida Noboa lanza una acusación al secretario Muñoz de la Asamblea, para la que la Fiscalía títere sí funciona; cuando ADN hace campaña con recursos públicos, sostienen que no hacen campaña, y con total desparpajo utilizan vehículos, medios de comunicación estatales, cocinas de inducción; al cometer infracciones electorales (Art. 93, 203, 278.3 del Código de la Democracia), el TCE, simplemente, archiva los casos. El régimen hizo Golpe de Estado en la sucesión presidencial y llamó cínicamente golpistas a los que defendieron la Constitución. Todo esto, funcionó con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de guardaespaldas. Otros ejemplos más, aunque hay sentencia de por medio, las FFAA se lavan las manos, sobre el caso de los cuatro niños de Malvinas, intimidando a jueces, a través de las “disculpas” del Ministro Loffredo; y se suman más hechos atroces, como las visitas inesperadas del Consejo de la Judicatura, con cerrajeros incluidos. La violación de las leyes se ha convertido en una constante gubernamental: la Constitución está en cama UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).