Redacción Opción
La Corte Constitucional (CC) informó este 11 de febrero de 2026 que admitió a trámite varias acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de dos leyes económicas urgentes impulsadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa: la Ley de Transparencia Social y la Ley de Fortalecimiento Crediticio, esta última relacionada con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
En un comunicado publicado por la Union Nacional de Educadores del Ecuador, UNE señala que La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite este miércoles 11 de febrero la demanda presentada por la UNE a la LEY DE FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CREDITICIA por la forma y por el fondo. En la primera, se debe a que se incorporan temas que no son económicos, como los cambios respecto a los periodos de contratación de los directores o autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo que desconfigura la urgencia económica del mismo. Por el fondo, se refiere a las afectaciones a los recursos del BIESS y a la vulneración de principios constitucionales como la solidaridad al incluir operaciones de reporte en la categoría de servicios financieros, lo que constituye una alteración en la finalidad social del BIESS.
La UNE Informó además que la Corte Constitucional “aceptó a trámite la acción de inconstitucionalidad a los actos administrativos en contra del Oficio 13372 del 02 de octubre de 2025 emitido por la Procuraduría General del Estado que abrió paso a la designación de Carlos Alarcón como Fiscal general encargado, así como a las acciones de la Judicatura.
Estas admisiones se constituyen en un primer paso importante en defensa de los derechos; del principio de separación de funciones y de la seguridad jurídica. Esperamos que la Corte Constitucional resuelva conforme a lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señalaron.
La Corte señaló que “La admisión a trámite de estas causas no implica un pronunciamiento sobre el fondo”. En el caso de la Ley de Fortalecimiento Crediticio, la Corte negó la solicitud de medidas cautelares para suspender su aplicación, al considerar que no se justificaron de forma suficiente los elementos de inminencia, gravedad o vulneración de derechos alegados por los demandantes.
La Ley de Transparencia Social también conocida como Ley de Fundaciones fue aprobada por la Asamblea Nacional como económica urgente con los votos de la mayoría legislativa y establece nuevos mecanismos de control para organizaciones no gubernamentales.