Por Jaime Chuchuca Serrano
Según la OIT, 7 de cada 10 jóvenes ecuatorianos entre 18 y 29 años están en situación de trabajo informal y perciben menos que el salario básico. Los jóvenes trabajadores han soportado más golpes en la pandemia: despidos, recortes de jornadas laborales, disminución de salarios. Si antes de la pandemia el bajo nivel educativo de los jóvenes, influía en la reproducción de las labores informales, con la pandemia la educación entró en crisis y la deserción de colegios y universidades incrementó. Debido a esto los jóvenes han sido desplazados de las labores técnicas, calificadas y mejor pagadas. Las mujeres han sido doblemente afectadas porque las labores del cuidado se han incrementado por el cierre de escuelas y guarderías.
A pesar de que varios segmentos de jóvenes o adultos son profesionales, tecnólogos o técnicos y tienen experiencia laboral y altos niveles de calificación, las industrias y el Estado tampoco les reconocen salarios adecuados. Esta situación disminuye los ingresos familiares y desplaza a los sectores medios hacia la pobreza o la migración. El título profesional o técnico no es garantía para salir de la informalidad, encontrar un empleo con remuneración adecuada o estabilidad laboral, pero si abre el abanico de oportunidades en estos espacios. Por si fuera poco, el desplazamiento de la población hacia la informalidad, también está rodeada de persecución estatal. Se ve a diario como los pequeños comerciantes son perseguidos por los guardias municipales, impelidos a cumplir excesivos trámites, además de ser extorsionados por la delincuencia.
En el otro extremo generacional, según la OIT (2021), 7 de cada 10 personas mayores de 65 años en Ecuador no reciben pensión jubilar. Es decir, que 7 de cada 10 ecuatorianos que han trabajado toda su vida, no han tenido estabilidad laboral suficiente para cumplir con todos los aportes al Seguro Social. Leído del otro lado, solo 3 de cada 10 personas adultas mayores de 65 años recibe una pensión. Muchos adultos mayores fallecen sin haber visto un solo centavo de su jubilación por la dilación de los trámites en el Estado. Además, a pesar de los aportes, el Banco Mundial informa que en Ecuador existe un déficit de 1895 millones de dólares en 2020 para el pago de las pensiones.
El nuevo régimen laboral que propone el gobierno incrementa la inestabilidad laboral y baja los ingresos actuales de la población trabajadora. El crecimiento del desempleo no viene dado por el “exceso de derechos”, como sostiene el gobierno, sino al contrario, por la creación de una estructura productiva que excluye a la mayoría poblacional del derecho a vivir dignamente.