Por Isabel Vargas Torres*
El gobierno de Guillermo Lasso se empeña en atentar contra el sistema educativo ecuatoriano al emitir un reglamento que es una regresión de derechos y afianza su política neoliberal, son normativas que violan el espíritu de la LOEI; como es el caso del Acuerdo Ministerial 08-A, en el cual el concepto de periodo pedagógico se ciñe únicamente a las asignaturas establecidas en la malla curricular, mientras que a las actividades extraescolares, extracurriculares, clubs, participación ciudadana, refuerzo, entre otras, no son considerados como actividades pedagógicas, a pesar de que son muy importantes en el proceso de aprendizaje; estos refuerzos pedagógicos se reduce a la supervisión y control, sin una planificación, con el propósito de ejecutar la optimización de la plantilla docente establecida en el Decreto Ejecutivo 457, artículo 40. Meta final de este modelo neoliberal.
La flexibilización del plan de estudios es pura demagogia y una herramienta neoliberal, ya que las instituciones educativas, como se demuestra en la disposición, incrementan hasta un máximo de cinco (5) periodos pedagógicos en la malla curricular, siempre que no implique la contratación de docentes adicionales; esto significa entonces que los 5 mil docentes que Lasso señaló que se van a contratar durante el 2023 y 2024 es pura mentira y que los recursos económicos de las 18.000 partidas presupuestarias de los docentes jubilados, van a seguir usadas por el Ministerio de Finanzas para otros fines que no es la educación, por lo tanto, continuarán congeladas sin que las y los docentes que se jubilaron, renunciaron o fallecieron, sean reemplazados, aumentando aún más el déficit de docentes en perjuicio de más de 3 millones 500 mil estudiantes que asisten a la escuela pública.
En cuanto al Bachillerato General Unificado, que desde su inicio fue cuestionado por la comunidad educativa, que se movilizó a estudiantes y cobró la vida del estudiante Edison Cocíos, asesinado por parte de la policía en el gobierno de Rafael Correa, quien impuso este modelo inútil, el tiempo nos dio la razón y logramos que en las reformas a la LOEI se cambie al bachillerato por especialidades y con ello, el regreso de la orientación vocacional, que es un conjunto de procesos que implica el uso de herramientas técnicas y la asistencia de un profesional especializado en el tema, para guiar al estudiante a descubrir la profesión para su vida, de acuerdo a sus aptitudes y destrezas y así evitar la deserción en la educación superior, esto es una atribución del Departamento de Consejería Estudiantil, como contempla el Art. 50.3 literal b de la LOEI; sin embargo, al gobierno que poco le importa invertir en educación endosa esta responsabilidad al profesor de aula o al tutor, con el afán de bajar los “costos” en el ámbito educativo, perjudicando a los estudiantes.
En cuanto a la jornada de trabajo del docente se deja a discreción de la autoridad de la Institución Educativa. La realidad de los espacios en los que interactúan los docentes, no son óptimos, pues las instituciones educativas no cuentan con el equipamiento ergonómico, pedagógico, de bioseguridad y tecnológico, tampoco tienen acceso a internet gratuito en todos los ambientes educativos insumos para preservar la salud ocupacional docente y que estimulen el buen desempeño profesional que beneficiaría a los NNA
Por estos y otras razones sobran para gritar, ¡fuera Lasso YA!
*presidenta de la UNE