Por Remo Cornejo Luque
El gobierno neoliberal no puede garantizar el derecho a la seguridad humana. Los estados de excepción en cárceles o territorios como Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas han sido inservibles para contener la ola de guerra y terrorismo desatado por el crimen organizado.
En el año 2021 el número de muertes violentas fue de 1.649, al 22 de octubre del presente año esa cifra llega a 3.538, más del 100% de crecimiento. Además, se registraron 25389 robos a personas y 3819 autos robados a nivel nacional, 20 atentados terroristas. No olvidar la grave crisis carcelaria que, desde el 2020, ha cobrado la vida de 500 personas privadas de la libertad, entre varios amotinamientos.
A lo señalado anteriormente, según estudios internacionales, se calcula que se estaría lavando en el sistema financiero nacional entre $197.620 millones y $494.050 millones provenientes del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas y otros delitos.
Y la cerecita del pastel, en toda esta trama de inseguridad poblacional, crimen organizado y corrupción en los altos niveles de militares, policía y guías carcelarios, es que desde hace rato los carteles de las drogas, las mafias delictivas, han incursionado en la política ecuatoriana. ¡Qué barbaridad!
Las encuestas ubican que el principal problema de la población, hoy en día, es la inseguridad. Este es un mal endémico, estructural del capitalismo, problema que debe ser enfrentado con una política social integral, en que se prioricen las medidas preventivas sobre las represivas. El gobierno debe diseñar políticas estatales que garantice en la práctica los derechos a la niñez, adolescencia y juventud… solo cuando los niños y jóvenes tengan asegurado sus derechos de alimentación, educación, salud, recreación, el crimen organizado no podrá reclutarlos para sus grupos. En consecuencia, mientras los niveles de pobreza no garanticen la alimentación de los adolescentes ni el ingreso a los colegios o universidades de éstos, los delincuentes tendrán potenciales seguidores o posibles reclutados para sus fechorías.
Los GAD`S municipales y provinciales tienen la obligación de jugar un rol trascendental en generar condiciones para prevenir la delincuencia, se debe garantizar la iluminación de las vías, recuperar los espacios públicos, generar espacios para que la juventud pueda realizar deporte y arte. La inseguridad es una problemática grave, y no se podrá resolver con medidas epidérmicas, se la resolverá, insisto, con una política social integral.