Redacción Opción
Cerca de cuatro meses llevan las acciones de los diferentes sectores sociales de Panamá que oponen a la nefasta política neoliberal del gobierno de José Raúl Mulino., alejada totalmente de los intereses del pueblo panameño.
El detonante fue la Ley 462, que busca hacer reformas a la seguridad social que pretende, entre otras cosas, aumentar la edad de jubilación, utilizar los fondos de la Caja del Seguro Social para favorecer reactivar al sector financiero, trasladar los fondos al sector privado (alrededor de 1.000 millones de balboas) y aplicar el modelo de cuentas individuales a la Seguridad social e imponer un descuento del 6,57% a las pensiones jubilares.
Es una descarada acción de la burguesía comercial y financiera de Panamá, para aprovecharse de los recursos de los afiliados para beneficiar a sus empresas y negocios a costa de reducir los derechos de los trabajadores.
Mineria. Además, las movilizaciones se han extendido a varios puntos del país, principalmente donde hay el peligro de la explotación minera, principalmente de la mina de cobre de Donoso en Colón, que el gobierno pretende reabrir, pese que la Corte Suprema de Justicia ordenó su cierre a finales de 2023.
Bases militares y embalses. El gobierno de Mulino, en actitud servil al imperialismo norteamericano y al gobierno de Trump firmo un acuerdo d entendimiento para retomar la vía interoceánica, permitiendo la entrada al país de tropas, buques y aeronaves del Pentágono, y le permite usar instalaciones militares panameñas, con el pretexto de proteger el Canal de Panamá frente a “supuestas amenazas” extranjeras. Las obras que pretenden realizar en el Canal de Panamá, como el embalse en río Indio, han sido rechazadas por pobladores y comunidades indígenas.
Los maestros en huelga El secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, señaló que el gremio docente continuará con la huelga indefinida en demanda de pensiones justas y otras reivindicaciones laborales y sociales, decisión que fue ratificada junto a otros sectores que conforman la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Reiteró que garantizar pensiones justas es esencial para la clase trabajadora y denunció que hasta el momento la respuesta del Ejecutivo ha sido la represión mediante el despliegue de fuerzas de seguridad contra manifestaciones pacíficas. “Hemos denunciado la represión salvaje y la violación de la ley”, expresó el dirigente sindical.
El movimiento de protesta viene desde el mes de marzo y se amplió el 28 de abril con la adhesión de trabajadores de la construcción, la salud, educación, bananeros, entre otros sectores laborales y pueblos originarios.
El día vienes 20 de junio se realizó una nueva jornada nacional con masivas matizaciones en capital y varias provincias del país, donde se han sumado mas gremios de pequeños productores bananeros y otros.
Las organizaciones sociales expresaron su respaldo a la población de la provincia de Bocas del Toro, donde desde el pasado sábado más de 1.300 efectivos de los cuerpos de seguridad fueron desplegados en el marco de la llamada “Operación Omega” para reprimir las protestas en la región, donde ya hay un fallecido, en la localidad de Rambala la Alianza Pueblo Unido por la Vida ,denunció dicha intervención como un intento de sembrar terror entre la ciudadanía. “Rechazamos esa operación Omega en Bocas del Toro, donde hay un pueblo que resiste y no se dejará intimidar por la política de miedo que pretende imponer este Gobierno”, afirmó.
Fuentes.
Periódico En Marcha , Telesur