Por: Sandra Peñaherrera
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misión de la UNESCO, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención para la Eliminación de toda Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención por los Derechos del Niño, la Convención contra la Discriminación en Educación, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la Agenda Mundial Educación 2030 y demás tratados internacionales; la educación se constituye en un derecho fundamental, esencial y forma parte del ser humano, garantiza la dignidad y la calidad de vida de las personas, el derecho a la educación está ligado intrínsecamente a otros derechos fundamentales como: el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al trabajo y recibir salarios justos, el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia, el derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afectan a sus comunidades ya sea local nacional e internacional; entre otros, derechos indivisibles, interdependientes e interconectados entre sí, pensar y actuar en el cumplimento eficaz del pleno derecho a la educación es aportar al desarrollo del país, además nada alejado de la obligación del estado ecuatoriano de adecuar sus políticas públicas a los convenios internacionales suscritos voluntariamente.
La realidad educativa en el Ecuador lejos del cumplimiento de la normativa internacional y nacional ha puesto en riesgo la integridad de millones de niños, jóvenes y adultos quienes carecen de igualdad de oportunidades educativas y son discriminados y excluidos ya sea por razones demográficas, sociales, culturales pero principalmente económicas.
Desde el año 2012 hasta el año 2019 son cerca de dos millones de jóvenes que no han logrado ingresar al Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador, debido a que la Ley Orgánica de Educación Superior LOES implementó el Sistema Nacional de Admisión y Evaluación y con ello nuevas formas de acceso y filtros fundamentados en procesos de selectividad, meritocracia, desarrollo de capacidades y potencialidades; que restringen el libre ingreso a las Universidades y que violentan el derecho universal a acceder a una educación de calidad. Reformas van y vienen pero ninguna de dichas reformas ha logrado resolver la crisis de acceso a educación superior; desde la implementación de la prueba Ser Bachiller se han estandarizado los conocimientos y con ello también se ha estandarizado las condiciones sociodemográficas de los jóvenes, siguiendo normas, modelos y patrones únicos y desconociendo al realidad de diversidad social, cultural y económica del Ecuador. La prueba Ser Bachiller se ha convertido en un sistema de segregación, marginación, exclusión y postergación, se distingue claramente la autodeterminación étnica, territorial y socioeconómica, sin duda alguna quienes se encuentra más limitados de pasar la prueba y acceder a las Universidades son los jóvenes pobres, de la ruralidad y entre ellas mujeres, excluidos permanentemente del desarrollo local y nacional.
Es por ello necesario destacar el papel de la juventud como motor de desarrollo de la sociedad, como protagonistas de cambio y conductores de la transformación social, los jóvenes han sido y serán siempre actores importantes de los procesos y decisores históricos de hechos concretos, necesitamos una reforma educativa integral urgente que garantice el pleno cumplimiento de la educación como un derecho y que se incorpore a los jóvenes en esta disyuntiva, al ser ellos la razón de ser del sistema educativo debe considerarse su punto de vista, de opinión y sus experiencias vivenciales en la construcción de una propuesta integral.
La lucha estudiantil se centra en la fuerza de una conciencia de clase, de desigualdad de género y de etnia, es preciso señalar también que del análisis de este fenómeno social de todas las jóvenes que viven en el Ecuador con desigualdades y violencias, son muy pocas quienes logran acceder a la universidad y ejercer su derecho a educación superior; eso además, si han podido sortear, sobrellevar y resolver otras condiciones extremas de violencia intrafamiliar, de acosos, violaciones, embarazos forzados, cuidar a sus hermanos pequeños y familiares adultos mayores como parte de los procesos migratorios, drogadicción, enfermedades y demás pandemias derivadas de la pobreza y extrema pobreza; por lo tanto la prueba Ser Bachiller no garantiza el acceso justo a las universidades sobre estas condiciones de vida reales, ni peor aún resuelve los serios problemas de deserción estudiantil a causa de carreras no deseadas, de falta de recursos económicos y de la desintegración familiar provocada por la movilidad estudiantil territorial que además desencadena ausencias afectivas, depresión y hasta suicidios.
Debemos sumarnos todas y todos a la acción de protesta estudiantil y al llamado a poner fin a la crisis educativa, no más corrupción con la “filtración” de la prueba y con los grandes negociados económicos en la proliferación de instituciones que al puro estilo neoliberal de la oferta y la demanda, contrabandean con los sueños y aspiraciones de nuestros jóvenes; es el momento justo para exigir al gobierno nacional dar la cara a la inclusión de los más vulnerables, a que le apuesten por los jóvenes, a que de una vez por todas les permitan ser sujetos de derechos y participar en espacios de poder y de toma de decisiones, le corresponde al gobierno cumplir con sus obligaciones políticas y jurídicas para el impulso de una educación de calidad sin exclusión y nos corresponde a nosotros como mandantes vigilar el cumplimiento de nuestros derechos.