Por Francisco Escandón Guevara
El reparto de hospitales y contratos con sobreprecios también son prácticas comunes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que está agonizante.
La asfixia económica es una acción coordinada entre los gobiernos y el empresariado. Ellos obligaron al IESS a comprar bonos del Estado, a desentenderse del pago de 40% del fondo de pensiones jubilares, a tolerar las multimillonarias deudas que los patronos públicos y privados mantienen por no cancelar sus obligaciones con la seguridad social.
La otrora solvencia económica de la institución fue revertida cuando los presidentes del Consejo Directivo se convirtieron en secuaces de los gobiernos, al hipotecar la autonomía del IESS.
Particularmente en los últimos catorce años: Ramiro González, el corcho Cordero, Richard Espinoza, Manolo Rodas, Paúl Granda dirigieron la institución. Todos ellos fueron representantes de los cuestionados gobiernos de Alianza País (el de Correa y el de Moreno), sobre más de uno pesan investigaciones o sentencias por acciones dolosas.
Capítulo aparte merece la designación de Jorge Wated, no sólo por su cuestionada idoneidad profesional y moral, sino porque propone resolver la crisis financiera facturándola a los trabajadores. Él propone aumentar el porcentaje y años de aportaciones, reducir las pensiones jubilares, cobrar toda atención de salud a hijos de afiliados y concesionar los centros de salud.
Las élites apuestan a desprestigiar la seguridad social para luego privatizarla a pretexto de su ineficiencia. El reparto de $8500 millones de dólares anuales, que es el presupuesto actual del IESS, es del interés de las cámaras de la producción y los banqueros, del gobierno y el Fondo Monetario Internacional, de la consulta propuesta por Nebot, etc. Buscan que el IESS sea administrado por las aseguradoras privadas de fondos de pensiones, las famosas AFP´s, que ya fracasaron en Chile al ofertar prestaciones de salud inhumanas y pensiones miserables.
Para salvar al IESS, universalizar la seguridad social y mejorar la calidad de las prestaciones primero el gobierno debe pagar los $24 mil millones que adeuda, al igual que los empresarios morosos. Junto a ello los afiliados, jubilados y pensionistas deben recuperar la administración de la institución, quién puede cuidar mejor el IESS que sus legítimos dueños.