Por: Remo Cornejo Luque
Nuestro país no solo vive una crisis de seguridad, sino un colapso ético que sacude los cimientos del poder judicial. En este escenario de desconfianza sistémica, las declaraciones de Wilmer Chavarría, alias «Pipo», han caído como bomba en el tablero político. Sus acusaciones contra Daniel Noboa no pueden verse de forma aislada; deben analizarse dentro de la tormenta de corrupción y silencios que rodea el asesinato de Fernando Villavicencio.
Villavicencio no era un político cualquiera. Era quien venía desenmascarando, con pruebas irrefutables, la corrupción de la década de Rafael Correa. Su labor fiscalizadora puso al descubierto tramas que iban desde el sector petrolero hasta los sobornos en la obra pública. Sin embargo, en sus últimos días, su lupa se había posado sobre una estructura igual de peligrosa: los ocho puertos por donde el narcotráfico exporta su mercancía al mundo. Aquí es donde la incertidumbre se vuelve espesa: los trabajadores y pueblos se preguntan si esos puertos rozaban los intereses de la familia Noboa, y si esa fue la frontera que Villavicencio no debió cruzar.
Asistimos, entonces, al cruce de acusaciones en medio de un sistema judicial debilitado, donde la línea entre los operadores de justicia y las bandas criminales se ha vuelto borrosa. En este fango, la narrativa de alias «Pipo» —líder de «Los Lobos»— sobre una supuesta orden presidencial para ejecutar el magnicidio resulta estremecedora. Si bien provienen de un criminal, el contexto de las denuncias de Villavicencio sobre los puertos y su histórica lucha contra el correísmo crean un rompecabezas donde todas las piezas parecen encajar en el lugar del espanto.
La respuesta del Gobierno ha sido defensiva, pero la política exige más que retórica. Si se llega a comprobar que el actual mandatario tuvo algún grado de implicación o que existió un interés por silenciar las denuncias sobre las terminales portuarias, la renuncia de Daniel Noboa dejaría de ser una opción política para convertirse en un imperativo moral y democrático. Un país no puede ser gobernado bajo la sombra de un magnicidio y el tufo del narcotráfico.
Ecuador necesita claridad. Necesitamos saber si a Villavicencio lo mató el pasado que él denunció con valentía o el presente que intentaba desarticular en las costas del país. Entre la corrupción del correísmo y las sospechas que hoy cercan a Carondelet, la verdad sigue siendo la principal víctima. Es hora de que la justicia, si es que aún queda algo de ella, nos devuelva la certeza de que nadie, por más poder o fusiles que tenga, está por encima de la ley.