Por Guido Proaño Andrade
Alberto Dahik, estuvo a lado derecho del presidente electo, daniel Noboa, en el encuentro que tuvieron con el Guillermo Lasso. Dahik fue integrante también del Consejo de Asesores Económicos del gobierno de Lenin Moreno, del que además formaron parte Vicente Albornoz, Augusto de la Torre y Fausto Ortiz.
Dahik se ha convertido -o él mismo se asume- como una especie de gurú del neoliberalismo en el país. Se ha paseado por los sets de TV, de radios y prensa escrita dando cátedra de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en el manejo económico, y no pierde la ocasión para echar lodo sobre toda opinión política que tenga indicios de progresismo y más aún cuando son puntos de vista de los trabajadores, de líderes sociales y de izquierda. Dahik es un ultraconservador en su pensamiento económico y político, que se niega a ver el fracaso del neoliberalismo a nivel mundial.
No solo habla de economía, también acostumbra dar lecciones de moral a pesar que su pasado está marcado por acusaciones de corrupción. En octubre de 1995, renunció a su cargo de vicepresidente de la República y a bordo de su avión privado huyó a Costa Rica, país con el que no existía acuerdos de extradición. Solicitó asilo argumentando ser perseguido político, así evitó su detención ordenada por las autoridades judiciales debido a presunciones de corrupción en el manejo de los gastos reservados del Estado. Declararse como perseguido político cuando se debe rendir cuentas a la justicia ordinaria no es algo nuevo en funcionarios de alto nivel del Estado.
De manera muy resumida, así fue el caso. Días antes de su huida del país, Dahik hizo frente a un juicio político en el Congreso Nacional, acusado de mal manejo de los fondos reservados del Estado, enriquecimiento personal y entrega de asignaciones presupuestarias a diputados a cambio de la aprobación de leyes. ¡Muy parecido a los arreglos hechos por la ministra Romo con el asambleísta Mendoza!
El ex vicepresidente manejó un tercio de los gastos reservados que ascendían a 66 mil millones de sucres, cifra que en esa época era «bastante planta». Según los denunciantes hubo peculado y manejo ilegal en alrededor de 19 mil millones de sucres, 1.100 millones depositados en las cuentas de sus secretarios privados, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. La acusación fiscal estableció como autores de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito a: Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo; autores del delito de peculado: Diego Paredes Peña (ex canciller del Ecuador) y Mauricio Pinto (empresario y ex ministro de Finanzas); cómplice del delito de peculado, Juan Carlos Faidutti (ex Contralor General del Estado); encubridores del delito de peculado: Ricardo Muñoz Chávez (ex Superintendente de Bancos) y Francisco Costales (ex Subcontralor); se establecieron 287 presuntos beneficiarios (personas naturales y/o jurídicas), entre los nombres más conocidos Pablo Lucio Paredes (32.000.000,00), el diputado conservador Freddy Bravo (500.000,00), el diputado conservador Wilman Costa (91.918.000,00), el gerente del Banco Central, Augusto de la Torre (108.455.000,00), el consultor cubano Mario Elgarresta (60.400.000,00), el ministro de Industrias José Vicente Maldonado (6.000.000,00), René Maugé (6.000.000,00) ex secretario general del PCE, el ex canciller Diego Paredes, y el ex secretario de Comunicación Enrique Proaño (6.000.000,00).[1]
Los fondos reservados, destinados para «mantener la seguridad interna y externa del país», debían ser manejados en cuentas del Banco Central, pero Dahik lo hizo en cuentas privadas en el Banco del Pacífico. Según investigaciones de la Corte Suprema, se abrieron siete cuentas en ese banco, tres a nombre de Juan Mario Crespo, dos a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y Gladys Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys Merchán. Con ese dinero se intentó comprar la radio Democracia de Quito, negocio en el que actuó como intermediario el ex canciller Diego Paredes, por este caso Alberto Dahik tuvo que devolver 25 mil dólares más los intereses, lo que implica el reconocimiento que sí se desviaron recursos del Estado.
El presidente Sixto Durán Ballén hizo todo lo posible para torpedear las investigaciones judiciales, buscó impedir que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, inspeccionara los microfilmes de las cuentas reservadas de la Vicepresidencia. Cuando se tuvo acceso a ellos, varios cheques aparecieron ilegibles, presumiéndose que intencionalmente fueron velados. Entre los cheques legibles se encontró depósitos a la constructora ConBaquerizo, empresa encargada de construir su casa en la urbanización Biblos, en Guayaquil. Más de 10. 200 millones de sucres no fueron justificados por el ex vicepresidente, ni los intereses generados en las cuentas personales abiertas con los fondos reservados.[2]
Quince años después de que Dahik permaneció en Costa Rica, Rafael Correa pidió a la Asamblea Nacional que declare su amnistía por considerarlo perseguido político, antes hizo la misma solicitud a la Constituyente de Montecristi. Según la Constitución, la amnistía se concede por motivos políticos y los indultos por motivos humanitarios; expresamente señala que «no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública».
Ahora, Rafael Correa, Jorge Glas y una larga lista de ex funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas a la justicia penal también esgrimen el peregrino argumento de perseguidos políticos, como lo hizo y acostumbra hacer Abdalá Bucaram. Cuando Correa abogó por Dahik, seguramente estaba pensado en su propio futuro: entre bomberos no se pisan las mangueras.
Esa es una faceta de la vida de Alberto Dahik, la más conocida es la de terrorista económico.
[1] En 1996, Diego Cornejo Menacho escribió Crónica de un delito de Blancos, que detalla todo este proceso.
[2] Nicolás Brito. ¿Por qué fugó Dahik y quienes lo absolvieron? http://jcelobservador.blogspot.com/2019/11/nicolas-brito-grandes-soy-un.html
(Fotografía, internet)