Por Jaime Chuchuca Serrano

Este 24 de marzo se recordaron 45 años del golpe militar de Jorge Videla en Argentina contra “Isabel” Martínez de Perón –quien ya había firmado previamente los decretos de aniquilamiento. Videla impuso una vil dictadura que mató miles de personas, secuestró jóvenes, violó mujeres y ocultó niños nacidos en cautiverio. La dictadura desapareció al menos a 30 mil personas. El Estado de terror duró ocho años (1976-1983); Videla, Viola, Fortunato, Nicolaides, Bignone y otros se turnaron en el poder. El gobierno constitucional de Raúl Alfonsín procesó a varios culpables de la época del terror.

El gobierno de Lenin Moreno Garcés, a punto de concluir, se ha convertido en el más represivo del siglo XXI en Ecuador. En el Levantamiento de Octubre de 2019, las fuerzas represivas mataron al menos a 14 personas, persiguieron a comunidades, torturaron jóvenes y se empujó la segregación racial. Únicamente en 2020 hubo un exceso de 40 mil fallecidos respecto a 2019. La negligencia de la política gubernamental ha interferido en el cuidado de la vida; con la corrupción se han perdido miles de millones de dólares que se pudieron usar en la crisis sanitaria; con la discriminación socioeconómica se ha beneficiado a las élites y condenado a los pobres.

Birmania vivió una dictadura militar desde 1962 hasta 2011, después de una frágil democracia de 10 años, el 1 de febrero de 2021 los militares ejecutaron un nuevo golpe militar. Las fuerzas armadas bloquearon los vuelos, viajes, internet, se tomaron el parlamento, las cortes, los medios de comunicación y apresaron al presidente U Win Myint, al líder civil Daw Aung San Suu Kyi, ministros, escritores y militantes. Desde el día del golpe, ya se superan los 50 manifestantes asesinados.

Los crímenes de lesa humanidad incluyen una gran gama de delitos cometidos contra los pueblos como homicidio, esclavitud, violación, torturas, traslados forzosos, desapariciones forzadas, persecución de grupos sociales, discriminación racial y socioeconómica; todos, delitos que atentan contra la vida de la población. Con el principio de jurisdicción universal, cualquier estado podría juzgar estos delitos. La creación de la Corte Penal Internacional en 1998 tuvo entre otros objetivos juzgar los crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. La defensoría del pueblo y otras organizaciones de derechos humanos han realizado informes revelando datos sobre los delitos de lesa humanidad del gobierno de Moreno. El pacto de poder busca la impunidad futura de los funcionarios del régimen. Varios pueblos esperan justicia en un mar de calamidades.