Por Francisco Escandón Guevara
Desde que existen sociedades estatales, las relaciones sociales de producción siempre fueron controversiales y centro de las contradicciones clasistas. En el capitalismo actual, esas disputas ponen de un lado a los patronos que anhelan incrementar sus ganancias, mientras los trabajadores se organizan para defender y ampliar sus derechos.
Con la adopción de las políticas neoliberales del Consenso de Washington, se impuso la doctrina de desregularización del trabajo so pretexto de mejorar la productividad y competitividad, aunque en el trasfondo de esa justificación se aceleró la precarización de los procesos de contratación, salarios, jubilación, despidos, seguridad social, etc.
Sin excepción, todos los gobiernos privilegiaron la primacía del capital por sobre el ser humano. Basta analizar las distintas reformas legales: la flexibilización del mercado laboral en el gobierno de Borja, las restricciones constitucionales en 1998 a la negociación colectiva y organización sindical, la Ley de Justicia Laboral o la transmutación de la tercerización en la externalización de servicios durante el correísmo o la Ley de Apoyo Humanitario aprobada en la gestión de Lenin Moreno, etc.
La última versión de precariedad laboral es la propuesta de Ley de Oportunidades, planteada por el gobierno de Lasso, que junto a las anteriores reformas busca modernizar las cadenas de esclavitud asalariada.
El banquero sostiene que se no afectarán los derechos de quienes están regulados por el Código de Trabajo, pero coloca una enorme trampa para la mayoría de personas en edad productiva, siete de cada diez, sin empleo pleno y que por la urgencia de sus necesidades materiales quizás aceptarían trabajar sin estabilidad, sin indemnización al ser despedidos, sin pago de horas complementarias y suplementarias por laborar en jornadas nocturnas o fines de semana, sin décimos, sin vacaciones pagadas u otros derechos proscritos.
Lasso quiere encubrir el incumplimiento electoral de los dos millones de empleos y la elevación del salario básico a 500 dólares mensuales con una licencia patronal que garantice la sobreexplotación laboral y asegure una mayor concentración de la riqueza a esas élites.
Sin los votos en la Asamblea, la apuesta del régimen es aprobar esta reforma en Consulta Popular. El pueblo decidirá: esclavitud o derechos.