Por Remo Cornejo Luque
De manera rápida y sorpresiva, cual rayo, la nueva Ley Orgánica de Inteligencia fue aprobada por la mayoría «genética» de la Asamblea Nacional (AN). Los reclamos de las organizaciones sociales, sindicales y populares sobre los peligros de esta malhadada ley, fueron soslayados, cayeron al vacío.
Solo para recordar, esta normativa viene tratándose desde hace algún tiempo. Surgió de la combinación de proyectos presentados por la exlegisladora Ana Belén Marín y del expresidente Lenin Moreno, ambos de Alianza País en 2018; del ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Xavier Jurado, en 2023; y de los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón y Diego Matovelle, en 2024.
Conforme avanzaba silenciosamente esta grosera ley, se iban sumando los últimos aportes de varias autoridades y asambleístas durante su trámite, aceptadas e incorporadas por la visión de la mayoría vigente. Finalmente, su proceso terminó en la Asamblea Nacional el 10 de junio y, en 24 horas, pese a las advertencias de que existen artículos que chocan con la Constitución, el presidente Daniel Noboa Azín (DNA) la envió al Registro Oficial para su publicación.
Hay muchos puntos polémicos de la Ley de Inteligencia que generan incertidumbre y resistencia popular. Resulta que ahora el «super gendarme» y «paladín del combate a los GDO» es el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), quién puede recabar información particular y sensible sobre cualquier persona. Y, lo puede hacer, sin ningún reparo, consecuencia o fiscalización. Más aún, lo puede hacer sin motivación y sin la orden de un juez (…) y la persona que gozará de todo ese poder es el ratificado director del CIES, brazo derecho de DNA: Michele Sensi Contugi.
Existen muchas incompatibilidades con las libertades civiles, incongruencias con los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, bajo el argumento de luchar contra el crimen organizado, es decir en el combate a los GDO, caerán moros y cristianos, habrá cacería de brujas para aplacar cualquier hálito de resistencia y lucha popular por mejores condiciones de vida. Más, se obliga a las telefónicas a entregar información al CIES, entidad que terminará convirtiéndose en juez, fiscal y policía, que puede hacer y deshacer, violando las garantías al debido proceso…»la sola intención del CIES de investigar a cualquiera, puede generar un arrebato de información, una detención o un allanamiento». Todo esto sin orden de autoridad judicial competente y el ciudadano no puede oponer resistencia ni negarse. Esto es gravísimo porque se estaría legalizando y normalizando prácticas que son propias de gobiernos autoritarios, fascistas.
Algunos analistas, afirman que esta normativa permite al Presidente DNA desarrollar tareas de espionaje y vigilancia a nivel cibernético y de telecomunicaciones, sobre cualquier persona en territorio ecuatoriano, sin autorización judicial. Se ha entregado al Ejecutivo la discrecionalidad para decidir qué persona va a gozar de privacidad y quién no. Hemos perdido el derecho a la privacidad. Ojo, nadie se va a enterar cuando accedan a su información personal y reservada, como su ubicación en tiempo real, comunicaciones y conexiones. Nadie sabrá que está en el ojo de águila, ya sea un trabajador, campesino, maestro o ama de casa; ya sea un hombre del pueblo o un dirigente político opositor; ya sea una persona de bien o alguien de los GDO.
Con esta ley vuelve el manejo obscuro de los gastos reservados, hoy denominados fondos especiales. Se está garantizando la impunidad en el manejo de estos fondos, sin derecho a fiscalización alguna. Solo basta recordar lo que pasó con esos gastos secretos, reservados o especiales en gobiernos pasados. Abdalá Bucaram, César Verduga, Alberto Dahik hicieron lo que les dio la gana con esos fondos, usaron a mansalva dinero público, delinquieron.
Y como cereza del pastel de esta represiva ley encontramos que únicamente la Contraloría General, puede hasta desaparecer toda documentación que considere hacerlo. Esto debido a que el artículo 13 sobre los fondos permanentes de gastos especiales ordena que después de la auditoría trimestral de la Contraloría, «la información será incinerada por el Contralor General del Estado». Es decir, nadie podrá auditar los fondos ni reclamar ninguna violación de DDHH y todo quedará sepultado.
Los trabajadores, pueblos y nacionalidades indígenas, deben levantar acciones unitarias, hay que resistir en lo legal ante la Corte Constitucional y en las calles con movilizaciones y plantones hasta echar abajo está perversa ley.