Por Vicente Aguilar /Machala
El movimiento sísmico de 6.5 grados de 18 de marzo dejó afectados a la población de varias localidades de las provincias del Guayas, Azuay, Cañar, Los Ríos y El Oro, siendo los más afectados, por los daños y pedidas humanas la ciudad de Machala y los cantones Pasaje y Guabo. Esta una situación que merece la atención y solidaridad del gobierno, que no solo ofrezca, sino que cumpla.
Horas antes del desastre llovió intensamente en Machala, que se inundó por todas partes, subió la marea y quedó evidenciado los problemas a resolver, el alcantarillado está colapsado, la recolección de la basura y limpieza de los sumideros es deficiente, la separación de las aguas servidas y lluvias no existe, a todo esto se suma lo grave en los servicios de agua potable a Machala, Guabo y Pasaje, pues otra vez se rompió la tubería de captación y distribución del agua, que determinó que las autoridades llamen al pueblo para que comprenda y coopere hasta superar la falta de agua.
Es en estas circunstancias que a las 12H15 se produjo el movimiento sísmico de 6.5 grados de intensidad que, en menos de un minuto, aparte de la alarma generalizada en la población, causo serios daños y afectación en varios lugares de Machala y los cantones vecinos.
Hasta estos días se registró lo siguiente: 14 fallecidos, mas de 450 heridos, 90 personas evacuados en Machala y 60 en Pasaje, 125 viviendas destruidas y 118 afectadas, lo mismo que 35 escuelas. En infraestructura de salud hay 118 centros de salud afectados, el hospital de Pasaje y el Teófilo Dávila de Machala, el hospital del IESS. Quedó destruido el muelle de cabotaje en Puerto Bolívar que era de la Casa de la Cultura, edificios de la prefectura, municipio de Machala, Corte de Justicia y Fiscalía también afectados. Se determina que alrededor de mil personas han sido víctimas del desastre.
Frente al desastre ocurrido, el gobierno no solo debe ofrecer sino, principalmente cumplir. No es suficiente que desfilen algunos ministros haciendo ofrecimientos, sino que se lleven soluciones practica y eso significa que se destinen urgentemente los recursos para atender la situación que bien las familias afectadas. El estado de excepción decretado por Lasso no debe ser aprovechado para para golpear más al pueblo y generar más corrupción.
Organizaciones como el Frente Popular de El Oro, han planteado que el gobierno debe cumplir con los afectados, pero para ello es necesario organizarse y junto a las organizaciones populares movilizarse y han llamado a forjar la más amplia unidad del pueblo y demandar lo siguiente:
1.- Que se haga efectiva la solidaridad con las victimas del desastre sin discriminación alguna.
2.- Que el gobierno entregue de manera oportuna las asignaciones presupuestarias a los gobiernos seccionales para que paguen los sueldos y salarios, cumplan las deudas pendientes por conflictos laborales, aporten con alimentación y medicinas a los afectados por el sismo y hagan las obras prioritarias en beneficio del pueblo de manera transparente.
3.- Que el BEDE asigne el crédito de 37 millones de dólares para resolver el problema del agua potable que beneficiara a Machala, Guabo y Pasaje.
4.- Restablecer el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar por su valor histórico y atractivo turístico.
5.- Que se ejecute programas de vivienda acordes con la Ley de la vivienda de interés social y la entrega sea de forma prioritaria a los afectados por el desastre natural.
6.- Reparación de los centros hospitalarios, dotación de ambulancias y medicinas necesarias, así como la contratación de médicos especialistas y personal necesario para garantizar la salud del pueblo.
7.- Reparación de todos los centros educativos y en apego a la LOEI se garantice los derechos de los maestros, padres de familia y estudiantes.
8.- Garantizar la seguridad social para los afiliados y jubilados, que el Estado pague la deuda de los24 mil millones de dólares, que se respete los delegados de los afiliados y jubilados elegidos para el Consejo Directivo del IESS.
9.- Reparación urgente de las principales vías y puentes en la provincia
10.- Garantizar la venta de los productos de la canasta básica, establecer un control de precios y no admitir la especulación