Por Isacc Avellán
Los escándalos originados por los delitos de corrupción y el tráfico de influencias protagonizadas por el hoy asambleísta Daniel Mendoza, determinaron llevar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y en coordinación con la Policía Nacional lideraron un operativo denominado “Fuerza de Tarea Multidisciplinaria” emprendiendo varios allanamientos ejecutados en las ciudades de Portoviejo, Bahía de Caráquez, Calceta, Pedernales y Quito; en la cual se formuló cargos contra varias personas naturales y funcionarios, por la participación del delito de delincuencia organizada. Ellos formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de adjudicación del contrato de la construcción del Hospital Básico de Pedernales.
Existen dentro de las investigaciones, quince elementos de convicción, que justifican la existencia de esta estructura delincuencial, organizada con la participación directa de este asambleísta, que, valiéndose del cargo que ostenta, ha coordinado acciones para obtener varios contratos de obras, por lo que se encontraron las evidencias de los peritajes en los computadores del Consorcio “Pedernales-Manabí”; como: registros de pagos, intercambios de chats, entrega de cheques, dinero en efectivo y otros indicios que los comprometen en el cometimiento de estos delitos penales. Además, existe el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, que señalan irregularidades en la contratación del Hospital de Pedernales y la correspondiente inobservancia del Servicio de Contratación de Obras (SECOB).
A estos hechos lamentables, se suman los repartos de cargos públicos de los ministerios, agencias, gerencias de hospitales del MSP, el IESS y la administración de empresas públicas en favor de los amigos y familiares de los Asambleístas manabitas, para que con sus votos aprueben las leyes neoliberales propuestas por el Ejecutivo violentando los derechos de los trabajadores y el pueblo dentro de esta emergencia sanitaria; y, lo más penoso el compromiso directo de autoridades provinciales en la persona del Gobernador de Manabí, como cuota política del asambleísta hoy procesado, convirtiéndose esta provincia en el paladín de la corrupción y la injusticia de todos los gobiernos de turno, privilegiando protervos intereses personales.
La corrupción es un mal que está presente desde los inicios de la República, todo lo descrito muestra claramente como en esta provincia siendo un pueblo trabajador, honrado y luchador, con bastos recursos y potenciales humanos, turísticos, productivos, artesanales, minerales, no disfrutamos justamente de esa riqueza fruto de nuestro trabajo. Los 22 cantones y 55 parroquias rurales de Manabí, se debaten en la miseria, el atraso y el abandono; estamos gobernados por gente inmoral y no hago referencia a lo que dijo Teodoro Wolf: “mendigos sentados en sacos de oro” sino que: “el oro se lo han robado en sacos”.
Es la hora de la unidad del pueblo, debemos luchar
por nuestras obras y exigir justicia para que sean condenados los corruptos e
inmorales. Esta provincia merece un destino
diferente y serán sus verdaderos hijos los que logremos ese nuevo estado y esa
nueva sociedad justa para alcanzar el bienestar del pueblo.