Redacción Opción
¡ “María Paul Romo, reparte hospitales, protege delincuentes… mete bala y plomo” ¡ y otras consignas, gritaban miembros de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, mujeres, estudiantes universitarios y otros colectivos sociales que se hicieron presentes, el día 24 de noviembre en las afueras la Asamblea Nacional, para exigir la destitución de la ministra. Los exteriores de la Asamblea fueron amurallados por tupidas alambradas de púas y grandes contingentes de policías intentando impedir la expresión juvenil y popular.
Al final, en la reunión de la Asamblea Nacional, votaron 104 legisladores a favor de la censura y destitución de María Paula Romo, quien no podrá ocupar cargo alguno por los próximos 2 años. La resolución establece que es destituida por incumplimiento de funciones, por su responsabilidad política en el uso de bombas lacrimógenas caducadas y ataque en las zonas de paz durante el paro nacional de octubre de 2019.
Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, señaló en su cuenta de tuiter que María Paula Romo se va por presión de la ciudadanía, de los jóvenes, de los pueblos indígenas y las mujeres de los sectores populares que obligó a que la Asamblea Nacional destituya a la ministra, se va como responsable de la represión al pueblo y de repartir hospitales.
En efecto, la ex ministra tiene responsabilidad en las brutales acciones policiales, violatoria de los derechos humanos sucedidos en el Levantamiento indígena y popular de octubre de 2019, que dejó como resultado muerte de 11 ciudadanos, más de una decena de hombre mujeres jóvenes que fueron objeto de ataque deliberado con armas de fuego a sus cabezas, por lo que quedaron sin ojos para toda su vida, además de 1300 heridos. A la acción prepotente y represiva hay sumar la corrupción expresada en las acusaciones de negociar el reparto de algunos hospitales públicos entre varios legisladores y políticos del país. R/V.