Por Francisco Escandón Guevara
A las puertas de finalizar el mandato de Moreno, su ineptitud e indolencia se repite una vez más. La cereza del podrido pastel es la inacción gubernamental para evitar la masacre de personas privadas de libertad en varias cárceles.
Los amotinamientos que produjeron cerca de ochenta asesinatos no sólo reflejan la guerra entre bandas delincuenciales y el ajuste de cuentas entre mafiosos, como dice el oficialismo; el fondo es una crisis carcelaria que tiene raíces en problemas estructurales de la sociedad que se complementan con políticas erróneas sobre el encarcelamiento adoptadas por las élites.
El hacinamiento, la corrupción, el tráfico de armas y estupefacientes, la violencia en las cárceles del país es consecuencia de la indiscriminada penalización, con prisión, de contravenciones o delitos, de la importación de modelos de reclusión estandarizados, de la objeción a los derechos humanos de los reos, del desfinanciamiento de los reclusorios, etc.
La crisis carcelaria fue incubada durante años, en el 2019 y 2020 incluso los reclusorios fueron intervenidos a través de estados de emergencia y excepción. De nada sirvió, la sádica carnicería de desmembramientos y decapitaciones demuestran que el gobierno estuvo otra vez ausente. ¿Qué hicieron los órganos de inteligencia para prevenir la violencia en las prisiones?, ¿por qué la intervención fue inoportuna en los motines? Todo apunta a Moreno como responsable de crímenes de Estado.
Justificar la inoperancia culpando de los hechos al fantasma del corrupto correísmo es irresponsable, como también es detestable que el populismo jurídico aproveche el momento para propagandizar sus tesis de pena de muerte, cadena perpetua o privatización carcelaria.
La salida no está en extremar la punibilidad y la coerción, en esa vía continuará el derrame de sangre; la alternativa está en la prevención social de los delitos a través del fomento de trabajo digno y en la generación de oportunidades para el bienestar de la gente.
Las cárceles deben dejar de ser las mazmorras en las que se profesionalizan delincuentes, el reto es construir un verdadero sistema de rehabilitación que garantice la reinserción social integral de las personas privadas de libertad.
Quien festeja un asesinato perdió su humanidad. Hay que trascender el debate perverso que impone la muerte sobre la vida.