En Marcha
Daniel Noboa está conduciendo al país hacia escenarios peligrosos. Bajo el discurso del combate a la inseguridad y al crimen organizado —del que habla mucho y actúa poco—, aprovecha la coyuntura para construir un andamiaje jurídico que le otorgue amplias prerrogativas y consolide un ejercicio autoritario del poder. Paralelamente, avanza hacia la militarización de la sociedad. Existen ya iniciativas legales y propuestas de reformas orientadas a fortalecer ese camino. El autoritarismo y la militrización de la sociedad comúnmente van de la mano, pues, comparten una visión de control social, represión y centralización del poder.
La propuesta de reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional; la denominada Ley de Solidaridad Nacional, que entre otras disposiciones garantiza la impunidad de miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas; la propuesta de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia que se tramita en la Asamblea Nacional; la práctica reiterada de gobernar en base a la declaratoria de estados de excepción; y la naturalización de la presencia de las FFAA en las calles son medidas concretas que apuntan claramente hacia una militarización del país y el debilitamiento de los derechos democráticos de la población.
El gobierno continúa aprovechando el temor generalizado entre los ecuatorianos, producto de los altos niveles de delincuencia, para instrumentalizar una política de corte reaccionario. El discurso militarista de «guerra contra el crimen», y la narrativa de combate a los «enemigos internos y externos de la patria» son típicos de regímenes autoritarios que buscan ganar apoyo popular, mantener a la población en estado de miedo y justificar la restricción de derechos y libertades.
Sin embargo, del «combate a la delincuencia» a la represión violenta a los movimientos sociales, el movimiento popular organizado y las organizaciones políticas de izquierda, hay un solo paso. Así lo demuestra la experiencia internacional. En México, la llamada «guerra contra el narco» ha dejado miles de muertos, desaparecidos, desplazados, sin que el problema del narcotráfico haya sido resuelto. En Brasil, la militarización de las favelas no ha reducido el crimen, pero sí ha aumentado la represión y los asesinatos de jóvenes afrodescendientes. En Colombia, la militarización ha ido de la mano con la criminalización sistemática de la protesta popular.
Estas experiencias alertan sobre el grave riesgo que implica el avance de políticas de militarización y autoritarismo bajo el pretexto de combatir la inseguridad. Mientras tanto, las políticas sociales, que verdaderamente pueden actuar como freno a la incorporación, particularmente, de los jóvenes y adolescentes a los grupos delincuenciales, están ausentes.