Por Jaime Chuchuca Serrano*
El despojo de la tierra
En 1930, 114 comuneros compraron a la terrateniente Hortensia Mata una gran extensión territorial que se sitúa en lo que hoy se conoce como Parroquia de Molleturo, parte de Chaucha, incluido los territorios de los páramos de Río Blanco. Sin embargo, más allá de los normales movimientos de las propiedades, a pesar de este título legalmente inscrito, desde 1995 empezaron varios procesos de adjudicaciones sobre los territorios de Río Blanco, a personas relacionadas con las megamineras. De este modo se fue desmembrando una extensa zona territorial que hoy se conoce como el Proyecto Minero Río Blanco, a favor de la transnacional China, Ecuagoldmining. Para la segunda década del siglo XX, esta empresa transnacional lograría la posesión y concesión de más de 5 mil hectáreas, donde se reportan 605 mil onzas de oro y 4 mil 307 millones de onzas de plata. Por 25 años, se urdió un plan de desposesión de la heredad de las comunidades.
Aunque en 2008, en la Asamblea de Montecristi, se aprobó entre vítores y aplausos el Mandato Minero, (con 95 asambleístas favor, 1 voto en contra y 25 abstenciones), para dejar sin efecto las concesiones mineras que no tengan inversiones, con deudas al Estado y que estén en áreas protegidas, este Mandato duro lo que un silbo en el aire. Al poco tiempo, los grandes proyectos mineros entraron en marcha. Desde 2008 a 2020 se incrementó de modo brutal el catastro minero metálico ecuatoriano. Los trabajos de exploración y explotación encubiertos continuaron en decenas de proyectos, los más valiosos en cuanta a la cantidad de capital extractivo: Mirador (Zamora), Fruta del Norte (Zamora), Río Blanco (Azuay), Loma Larga (Azuay).
La división social
La desposesión de las comunidades, el robo de las tierras, la titularización fraudulenta son herramientas de uso común para las mineras. No obstante, esta desposesión está conectada a la generación de una división mortal dentro de las comunidades. Los técnicos de las empresas megamineras estudian con lupa la propiedad de la tierra, a los dirigentes, a las familias y seleccionan individuos y grupos para ofrecer prebendas. En un proceso de varios años, las mineras reclutan personal de apoyo y trabajadores; compran autoridades y dirigentes; crean propaganda a favor de la minería y domestican a profesores, periodistas, profesionales e intelectuales. Quienes no aceptan el dinero y sus propuestas, son sometidos por la fuerza.
Las más de setenta comunidades de Molleturo, sobre todo las más cercanas a Río Blanco, sufrieron la fuerza de la maquinaria minera. Las nuevas estrategias de despojo y acoso permanentes son parte de las herramientas de la neocolonización. Las comunidades ante tal entramado se organizaron para resistir a la hegemonía minera y al despojo con el beneplácito total de los gobiernos de Correa y Moreno. Los hombres y mujeres que empezaron a protestar fueron procesados y perseguidos; adultos mayores, niños y niñas sufrieron penurias indescriptibles. Muchos tuvieron que huir de su propia comunidad para evitar que las amenazas de golpes y muerte se cumplan. La policía y los militares se instalaron en los territorios como guardaespaldas y sicarios de la empresa minera; y se convirtieron en violadores de los derechos humanos y la naturaleza. Se militarizó la zona; la persecución, los gases lacrimógenos, los carros antimotines tiñeron los corazones de rabia y tristeza; el aire y el agua se contaminaron, temblaron las casas, se abrieron surcos en la piel. Yumate, “la pampa del amor”, se llenó de violencia.
Organización, Recuperación y Paz
Mientras la minera diseminó el miedo y compró de conciencias, la mayor parte del pueblo sentía en carne propia la incursión de la minera por las entrañas de la naturaleza y la sociedad. La organización, la resistencia y la lucha por la paz se construyeron por años en las comunidades. Sin embargo, la neocolonización de la transnacional megaminera, llevó a la gente al extremo de la desesperación. El 8 de mayo de 2018 ha quedado para la historia: las comunidades de Molleturo se cansaron de soportar la persecución, el conflicto social, la destrucción de la Pachamama, el secado de las lagunas y la contaminación del agua por parte de la minera imperialista China Ecuagoldmining. Sus solicitudes permanentes de Consulta Previa y de intervención estatal fueron totalmente silenciadas; al contrario, el Estado prestó total apoyo a la minera china. Las comunidades organizadas, haciendo uso de sus legítimos derechos, subieron a protestar en los páramos y pajonales de Río Blanco, los mineros con sus fuerzas armadas y policía los recibieron a bala y fuego, sin pensar que este fuego se convertiría en las cenizas del propio campamento. Las instalaciones mineras, incluyendo maquinaria y residencias, se incendiaron sin víctimas mortales. Después de estos sucesos la militarización se fortaleció. En 2019, en medio del huracán social, el Levantamiento de Octubre, las comunidades populares terminaron por expulsar a la minera china Ecuagoldmining de sus territorios legales y legítimos.
Las comunidades en resistencia defienden sus vidas, el agua y la pachamama, los páramos y las zonas de recarga hídrica para las poblaciones de la sierra y la costa. Río Blanco es parte de El Cajas, aunque geográficamente se desplace por comodidad cómplice. Durante todos estos años, las comunidades han sido objeto de intervenciones inhumanas; han soportado sufrimientos y vejámenes desmedidos. Sin embargo, gracias a su lucha, va venciendo la paz para la naturaleza y la vida comunitaria. En estos días, mujeres y hombres, guardianes del agua, han programado varias actividades para convocar a la unidad y la paz de los habitantes. Su lucha continúa para superar el conflicto social, la división del tejido comunitario y las batallas campales organizadas por la burguesía minera y la élite estatal. Las persecución continúa contra los guardianes/nas del agua, defensores de la tierra y la vida, que lo han entregado todo, incluyendo la pandemia, donde tantos luchadores ya se han ido de este mundo, dejando sembrados sus corazones. Termino haciendo un llamado a la sociedad y a los defensores de los derechos humanos, por el dirigente Víctor Guaillas, de San Pedro de Yumate, que se encuentra en una prisión del Guayas, desde el Levantamiento de Octubre de 2019, acusado injustamente. Como dicen los comuneros en resistencia, gritando en los páramos de Río Blanco: “lo que dividió el oro, que lo vuelva a unir el agua”.
Agradezco a las guardianas y guardianes del agua por introducirme a esta historia a la luz de la fogata.
*Jaime Chuchuca: Abogado, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, Licenciado en Ciencias de la Educación en Filosofía, Sociología y Economía. Maestro en Sociología. Doctorando en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Cuyo, investigador Social y docente. Correo electrónico: hscjaime@hotmail.com
Identificador de Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7555-3046
Perfil de Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=c3zDAjIAAAAJ&hl=es
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