Por Jaime Chuchuca Serrano
Las políticas neoliberales en Latinoamérica lejos de solucionar los problemas, que provienen antes de la pandemia, los han agudizado. En 2020 el PIB Latinoamericano se contrajo 8,1% y se cerraron 3 millones de empresas (CEPAL). Según la OIT hay 158 millones de personas en informalidad, el 54% de los trabajadores. En países como Colombia y Ecuador la pobreza afecta a la mitad de la población, aunque las estadísticas sean más condescendientes. Los gobiernos mantienen el negacionismo ante los sucesos, ocultan cifras, maquillan estadísticas y aprovechan la crisis para aprobar las peores políticas económicas, laborales y tributarias.
Chile, Colombia, Perú, Brasil y Ecuador coinciden en perdonar impuestos e intereses a los grandes ricos y subirlos al pueblo común y corriente. El alza de los pasajes ha sido una constante y desató movilizaciones como la chilena de 2019. Ecuador mantuvo los subsidios de los combustibles hasta hace poco, pero Moreno aprovechó la pandemia y los quitó. Con la recuperación del barril de petróleo, suben los precios de los derivados y de todos los productos de primera necesidad. Por si fuera poco, la devaluación de las monedas ha disminuido los sueldos a la mitad.
El sistema de salud regional está plagado de corrupción. Las reformas de la salud han incrementado los aportes personales de la seguridad social, pero no han mejorado los servicios; lo que se contradice con el desempleo creciente y el riesgo de los aportes. Chile, Colombia y Brasil tienen abierto el camino de la privatización de la salud. Ecuador adeuda 5700 millones al IESS para los aportes jubilares en plena crisis sanitaria. Lo más rescatable es el nivel de vacunación de Chile (70%) y Uruguay (50%). La privatización de la educación en Chile y Colombia ha elitizado la preparación académica. La discriminación con exámenes ha hecho lo mismo en Ecuador. Los postgrados se han encarecido al extremo, pero no han subido los salarios de la mano de obra calificada.
En estos países están en cuestión las leyes para la represión, todas inconstitucionales. Las movilizaciones estallan por los abusos del Estado y las ansias de las élites que generan pobreza. En Chile las fuerzas policiales asesinaron por protestar a 34 personas en 160 días, en Colombia hay 47 muertos y 168 desaparecidos en 16 días. Las protestas de 2021 en Brasil y Ecuador todavía son focalizadas, pero con las políticas antipopulares recientes todo apunta a un crecimiento exponencial. Las movilizaciones desafían la pandemia y tienen una característica común: luchan por la sobrevivencia colectiva e individual, ante las negligencias gubernamentales y el Estado convertido en guarida de ladrones.