Por Geovanni Atarihuana*
Ninguna de las ocho preguntas presentadas por Guillermo Lasso soluciona los graves problemas de las familias ecuatorianas, las propuestas del gobierno son inconvenientes, peligrosas y engañosas, varias inconstitucionales y otras intrascendentes. El régimen pretende distraer al país sobre su desastrosa gestión y en base a la manipulación recuperar algo de apoyo de la población.
Esta consulta no disminuirá la pobreza o frenará el alto costo de la vida, no se crearán nuevos empleos, tampoco resolverá la falta de acceso a la salud y la educación. El gobierno elude preguntar sobre los problemas más urgentes y trascendentes para la vida de la gente. No se atreve a preguntar si la población está de acuerdo en bajar la tasa de intereses de la banca, en cobrar a los grandes evasores de impuestos, en destinar el excedente de los ingresos petroleros a educación y salud, en fijar un cronograma de pagos de la deuda del gobierno con el IESS, en ampliar los cupos en las Universidades, si estamos de acuerdo o no con las privatizaciones o en firmar un nuevo acuerdo con el FMI.
La consulta como está formulada tampoco será solución para los problemas de inseguridad, la crisis política o la defensa de la naturaleza. Las propuestas del gobierno son inconvenientes, vulneran derechos y son tramposas:
• Guillermo Lasso quiere imponer órganos de control a su medida y su servicio, en el anexo 6 propone que la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, CNE, Defensoría Pública sean nombrados por la Asamblea Nacional de ternas presentadas por el presidente de la República. Es decir, pretende concentrar poderes en el Ejecutivo.
• La intención del gobierno es militarizar el país para reprimir sin necesidad de Estado de excepción, lo cual viola los estándares internacionales de Derechos Humanos. La extradición viola el derecho de los ciudadanos a ser procesados bajo las leyes de nuestro país, además que por la experiencia de Colombia y México no tienen mayor efectividad en derrotar al crimen organizado. El narcotráfico se combate con políticas públicas integrales, depurando a los narcogenerales, las aduanas entre otras medidas.
• Compartimos el hartazgo de la población hacia la Asamblea Nacional. El problema no es de cantidad sino de la calidad de los asambleístas, pueden ser 100 o 50, pero si la mayoría sigue representando los intereses de los grupos de poder y la corrupción nada cambiará.
• Incorpora como relleno dos preguntas sobre temas ambientales, sobre aspectos que el Estado ya debería asumir como obligación, el problema es quien cree que Lasso es ecologista cuando mantiene una política extractivista respecto a la minería.
Durante estos meses el gobierno quiere distraer el debate nacional de elementos fundamentales que afectan al pueblo y al país, como el incumplimiento de sus obligaciones con el IESS, como la aprobación del Presupuesto General de Estado en octubre y la necesidad de invertir en Salud y Educación. El gobierno quiere ganar tiempo ante la falta de los resultados de las Mesas de Diálogo, para seguir empujando los procesos de privatización que empuja en el sector petrolero, eléctrico y telefonía, la venta del Banco del Pacifico, no rendir cuentas sobre los casos de corrupción sobre las aduanas, la venta de cargos y otros que involucran al círculo presidencial.
Estamos convencidos que el pueblo tiene el derecho de expresar democráticamente su opinión sobre los problemas nacionales, es la oportunidad para que el pueblo hable fuerte y claro en rechazo al gobierno, para decir NO a LASSO, NO a su incapacidad e indolencia, NO a su política económica antipopular.
*Director de Unidad Popular