Por Jaime Chuchuca Serrano
Las acciones dictatoriales de Noboa han estado presentes desde el inicio de su mandato: los casos Chatarra Rusa y Embajada de México; el cambio de puesto de la vicepresidenta Abad a embajadora y el ilegal Sumario Administrativo; el nombramiento inconstitucional de Sariha Moya como supuesta vicepresidenta; la publicación en el Registro Oficial de una ley tributaria sin aprobación del legislativo; el pisoteo de las Consultas Populares por derechos de la naturaleza del Yasuní, Girón, Cuenca y el Chocó Andino, para continuar el extractivismo; la política de instauración de bases extranjeras y las FFAA de EEUU que ya incursionan en Galápagos; la entrega del Campo petrolero Sacha, el más productivo del país, en plena recesión económica; las excesivas Declaraciones de Emergencias y Estados de Excepción, para usar recursos y violencia indiscriminadamente. Por supuesto, los acólitos del gobierno de turno y varios medios lo han defendido con campañas vergonzantes.
Lo que el oficialismo llama aciertos son terribles fallas, lo que reconoce como incidentes son crímenes de Estado, y lo que oculta como reservado son atroces corruptelas. El 2024 es el segundo año más violento de la historia del Ecuador, con 6810 homicidios. El Estado se permite políticas criminales selectivas contra poblaciones pobres y racializadas, como lo que ocurrió con los 4 niños de Malvinas. Las organizaciones de derechos humanos han informado al menos 15 desapariciones forzadas, de niños y jóvenes, por las fuerzas armadas; 12 asesinatos extrajudiciales; 8 periodistas exiliados, y reportes de cientos de torturas. Con datos del mismo gobierno, el año cierra con 1128 personas desaparecidas: 345 localizadas sin vida y 783 continúan desaparecidas; las extorsiones superaron los 22 228 casos y los secuestros los 3 566. Se ha amordazado a la prensa con jugosos contratos, gritos y censuras, a la vez que se ha implantado el terror de la difamación con los insultos de troles y softwares de inteligencia.
Todo el aparato agroexportador está contaminado con drogas y el Narcoestado es el mecanismo ejecutor. Varias supuestas políticas de seguridad de Noboa, eran en realidad la restauración de los intereses de la oligarquía decadente, para explotar aún más al pueblo: como la subida de impuestos y el aumento cadavérico de los salarios básicos; mientras se saquean los recursos naturales. Para inaugurar el año, el ejecutivo expidió el Decreto 492, nombrando inconstitucionalmente a Sariha Moya como vicepresidenta, lo que en realidad es un Golpe de Estado, y al siguiente día, sacó el Decreto 493 con un Estado de Excepción de 60 días, para controlar políticamente a las provincias más pobladas, bajo el disfraz de la seguridad. El meollo del asunto es que Noboa no quiere que Abad lo reemplace en la presidencia, por lo que no quiere pedir licencia para la campaña, aunque comete infracción electoral (Art. 278 del Código de la Democracia). La Corte Constitucional tiene nuevamente en sus manos la decisión y resolverá sobre la Acción de Incumplimiento presentada por la vicepresidenta Abad. Con estos antecedentes, y un CNE comprado, inicia el año y el proceso electoral 2025.