Por Pablo A. de la Vega M.
Las órdenes ejecutivas sobre inmigración suscritas por el presidente Donald Trump, sólo sembrarán desesperanza y pánico, y socavarán la estructura ética, social y económica de los EEUU., se ha construido sobre la espalda de millones de inmigrantes a lo largo de su historia.
Esas órdenes ejecutivas que ahora están sembrando desesperanza y pánico entre decenas de miles de trabajadores migratorios y sus familias violan no sólo la Constitución de los Estados Unidos, en particular la 14ª Enmienda, sino los principios, las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, que las diversas Administraciones estadounidenses han declarado respetar, proteger y garantizar.
La esencia de esas órdenes ejecutivas y las medidas que están aplicando las agencias federales y estatales estadounidenses, por disposición del presidente Trump, sólo contribuirán a incrementar la discriminación racial y la xenofobia, con el consecuente deterioro grave y progresivo de la cohesión social estadounidense forjada en la diversidad de pueblos que, aún antes de 1776, han sentado las bases de esa nación.
Estados Unidos necesita una política integral y una ley federal de migración y asilo que se sustente en hechos y realidades, y no en mitos y premisas ficticias. Los muros y las deportaciones masivas causan efectos contrarios a los propósitos de estas decisiones erróneas. Sin duda alguna, es mejor invertir en programas de desarrollo que en políticas de criminalización de la inmigración.
El pretendido traslado de miles de inmigrantes indocumentados o infractores de las leyes penales a territorios y países fuera de los Estados Unidos, amparado en convenios opacos o tratados ilegales que atentan contra la soberanía de los Estados sólo deterioran aún más la legalidad internacional y la gobernanza global, tan venida a menos cuando la comunidad internacional ha sido testigo impotente de desplazamientos forzosos en medio del genocidio de un pueblo, cuyo responsable y estratega político-militar ha sido invitado a la Casa Blanca, a pesar de existir una orden de prisión de uno de los más altos tribunales penales del mundo.
Intentar convertir una oprobiosa e ilegal base militar -impuesta por decisiones anacrónicas y la fuerza en territorio soberano de la República de Cuba, nación hermana caribeña- en un “campo de concentración” para mantener en régimen de detención a decenas de miles de inmigrantes presuntamente infractores de las leyes penales no solamente es una argucia jurídica, sino que es un abierto desafío a la estabilidad y paz regional.
Los órganos y mecanismos de supervisión de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, así como los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, y las organizaciones supranacionales, entre ellas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), están obligadas a intervenir y encontrar respuestas para proteger el derecho internacional y sobre todo los derechos humanos de miles de trabajadores migratorios y sus familias, frente a estas medidas carentes de ética y legalidad.
*Coordinador Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)